CUANDO AUMENTAN LAS NECESIDADES, SON AÚN MÁS IMPORTANTES LAS LIBERTADES

Los desafíos para la libertad periodística en la Argentina en la era de la pandemia, las fake news y el lawfare

Esta edición de la publicación anual de FOPEA sobre las condiciones para el ejercicio libre del periodismo incluye un debate sobre la libertad de expresión y el informe del Monitoreo de Libertad de Expresión realizado en todas las provincias argentinas durante 2019.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES I MAYO 2020

Este informe fue elaborado por el equipo de trabajo del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA.

Contactos:

María José Grillo, Directora Ejecutiva de FOPEA I e-mail: mgrillo@fopea.org

Fernando Stanich, coordinador de la comisión de Libertad de Expresión de FOPEA I e-mail: fstanich@gmail.com

Índice

Sobre FOPEA

La libertad profesional y las necesidades sociales, por Fernando J. Ruiz

1. La libertad de expresión en la Argentina en la era de la pandemia, las fake news y el lawfare

Nombre nuevo para un vicio viejo, por Hugo Alconada Mon

El falso argumento del lawfare, por Roberto Gargarella

La falacia de la manipulación mediática, por Adriana Amado

Hagamos el derecho, no la guerra, por Andrés Rosler

La apelación al lawfare y la política entendida como guerra, por Fabián Bosoer

Libertad de expresión, ¿otra víctima del COVID-19?, por Carlos Lauría

Empresas de telecomunicaciones y libertad de expresión, por Ignacio Boulin

Periodismo de investigación y libertad de prensa, por Marta Nercellas

El día en que me convertí en un caso testigo de la persecución contra el periodismo de investigación, por Daniel Santoro

El lawfare y la justicia paralela, por Gustavo González

Hecha la ley, acecha la trampa, por Edgardo Litvinoff

“Noticias falsas”, una muletilla confusa, engañosa y peligrosa para la libertad de expresión, por John Reichertz

La investigación periodística se volvió maliciosa hasta que se demuestre lo contrario, por Irene Benito

El periodismo que baja la mirada ante la fake news del lawfare, por José Crettaz

2. Debate legal: ¿deben regularse los contenidos digitales?

La sociedad transparente no quiere fake news, por Alfredo Luenzo

Libertad de expresión: un concepto vivo y en constante evolución, por Waldo Wolff

3. Medios pequeños e hiperlocales: el desafío de tener voz propia

Derecho a la comunicación, medios comunitarios y sus trabajadores/as, por María Soledad Segura

Libertad de prensa en medios hiperlocales, por Mariana Muriel Fernández

San Luis: Mensaje único, el bien preciado, por Pablo Oro

4. Informe del Monitoreo de libertad de expresión 2019

Sobre el programa de monitoreo de la libertad de expresión en la argentina

Estamos a tiempo de evitar el derrumbe, por Fernando Stanich

La importancia de una defensa regional de la Libertad de Expresión, por Alfredo Zacarías

Resumen de datos - Informe 2019

Casos registrados por el monitoreo

Comparativos interanuales

ANEXO 1 – Casos de ataques a la libertad de expresióN

ANEXO 2 – Pronunciamientos de FOPEA relativos a libertad de expresión y conflictos en medios

Sobre FOPEA

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) nació en 2002 como un espacio de reflexión, diálogo y promoción de la calidad del periodismo, creado por un grupo de profesionales de medios de comunicación y docentes.

FOPEA tiene la misión de contribuir a mejorar la calidad del periodismo a través de la capacitación profesional, la elevación de los estándares éticos y la defensa de la libertad de expresión.

FOPEA no nace para ocupar el espacio de otras asociaciones, entidades o sindicatos, sino para trabajar en conjunto con todas, sin ninguna exclusión. Actualmente cuenta con más de 500 socios de todo el país.

FOPEA es miembro de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), reconocida red mundial que trabaja para defender y promover este derecho.

OBJETIVOS

• Defender al periodismo profesional frente a todos los poderes.

• Fomentar la capacitación.

• Contener y promover la mejora de las condiciones laborales.

• Auspiciar la formación de una comunidad que conecte y organice a periodistas y profesores de periodismo.

• Trabajar para que el periodismo profesional sea un espacio de encuentro y diálogo real de todos los sectores sociales y políticos.

• Estimular el debate autocrítico sobre la ética y la calidad.

• Impulsar el federalismo

COMISIÓN DIRECTIVA DE FOPEA

Presidente:

Fernando Ruiz – Universidad Austral. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vicepresidenta:

Paula Moreno – EQSnotas.com. Esquel, Chubut.

Secretario:

Claudio Jacquelin – Diario La Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Prosecretario:

Julio Perotti – EA Medios. Córdoba, Córdoba.

Vocales titulares:

Abel Escudero Zadrayec – Washington Post y Universidad Abierta Interamericana. Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Judith Córdova – Corrientes al día. Corrientes, Corrientes.

Mariana Fernández – DiarioAndino.com.ar y FM Andina 97.3. Villa La Angostura, Neuquén.

Vocales suplentes:

Mariana Gérez – Canal 10 Mar del Plata. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Ezequiel Franco – 0221.com.ar. La Plata, provincia de Buenos Aires.

Diego Granda – Canal 7 de Jujuy. San Salvador de Jujuy, Jujuy.

Tesorera:

Jéssica Ferradás – Universidad Abierta Interamericana. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Protesorero:

Fernando Stanich – Diario La Gaceta. San Miguel de Tucumán, Tucumán

Órgano de Fiscalización:

Titular: Denise Rabin – CNN en Español y Universidad Abierta Interamericana. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Suplente: Daniel Enz – Semanario Análisis. Paraná, Entre Ríos.

STAFF FOPEA

Directora Ejecutiva:

María José Grillo

Asistente Administrativa:

Beatriz Pazos

Asistente de Comunicación y Medios Digitales:

Laura Mendibil

Comunicación general del Monitoreo de Libertad de Expresión y producción del Informe 2019:

Florencia Grillo

La libertad profesional y las necesidades sociales

Por Fernando J. Ruiz

Presidente de FOPEA

Los golpes a la legitimidad del periodismo, los que han sido por errores propios y por ataques desde afuera, nos han afectado la capacidad de ampliar una alianza social que apoye nuestra necesaria libertad profesional.

Quizás por eso es necesaria una renovación conceptual que consolide un nuevo consenso alrededor de los periodistas que realizan su trabajo con dignidad.

Al recorrer nuestro país vemos que, a veces, el periodismo parece haber quedado encerrado en sectores políticos, cuando su labor no es partidaria. O en sectores sociales medios y altos, a pesar de que en América Latina las sociedades son mucho más amplias que eso. Y ambas limitaciones pueden dejarnos encarcelados en agendas temáticas estrechas. Además, si el gran prestigio de otras épocas, que llenó las facultades con jóvenes que querían ser periodistas, nos convirtió en poderosos agentes de opinión, una cierta borrachera de opiniones podría haber colaborado en la reducción de legitimidad actual.

FOPEA está en todas las provincias argentinas y en cada una de ellas describe, desde el Monitoreo de Libertad de Expresión, el mapa de las restricciones profesionales. Ya sea por la acción de poderes políticos o económicos, o por las limitaciones que imponen algunos dueños de medios, nuestro escenario es difícil. Por ahora, desde FOPEA todavía estamos a mitad de camino. Somos eficaces para alertar de las agresiones puntuales, pero nos falta avanzar sobre las limitaciones estructurales. En muchas zonas del país, aunque casi no haya agresiones contra los periodistas, su situación real es de una mínima libertad profesional, y eso todavía no lo visibilizamos en forma suficiente.

Como decíamos, el periodismo necesita un mayor apoyo social. A pesar de nuestra evidente necesidad de mayor autocrítica, muchos de los ataques recibidos fueron tan injustos como exitosos y nos han alejado de gran parte de la ciudadanía que ahora debemos recuperar para que nos vuelva a creer y poder servirla.

Por eso, es necesario explicar mejor para qué estamos. Y eso significa sostener con fuerza que pedir libertad profesional no es un capricho corporativo. En realidad, la libertad de los periodistas de trabajar con calidad es un mecanismo insustituible para que los distintos sectores puedan expresar sus necesidades sociales. Esta libertad no es un lujo para ricos, poderosos o sobresatisfechos, o una “libertad burguesa” como se decía antes, sino que son libertades esenciales para representar, con autonomía profesional, las necesidades, ideas e intereses de toda la ciudadanía, y no solo de los que están al lado del poder y no lo necesitan. Esto incluye poder contribuir a hacer efectivo el derecho de todos a opinar, proponer, debatir, criticar, vigilar, calificar e influir. La idea de algunos de que solo los que son votados pueden realizar esas acciones públicas mutila la expresión democrática del pueblo. Además, siempre ha ocurrido que las restricciones al periodismo son sostenidas por la voluntad autoritaria de restringir determinados derechos.

Así, en cualquier región del país y en cualquier medio, la limitación a nuestra libertad profesional es un apagón masivo a amplios sectores sociales que perderían la capacidad de decir algo en público e insertarse en la conversación ciudadana. En nuestra historia, cada vez que el periodismo se cerró, una oscuridad represiva cayó sobre una parte o toda la sociedad argentina; y, por el contrario, las aperturas políticas fueron también una expansión notable de la libertad profesional.

Como dice Pierre Rosanvallon, la desconfianza hacia los poderes, sean electos o no, es una dimensión democrática clave de la historia contemporánea. Y esas expresiones se debilitan si no aparecen en el espacio del periodismo, dado que este transporta al foro público muchas más voces ajenas que propias.

Uno de los roles esenciales de nuestra labor profesional es bucear en las opacidades del Estado que pueden ser fuente de corrupción, ineficiencia o autoritarismo. El Estado debería ser lo más transparente posible para los ciudadanos, y por eso los periodistas son iluminadores permanentes de esas áreas oscuras. También hay opacidades en la sociedad que permiten la explotación, el abuso o el agravio a sectores sociales por parte de privados. El mercado puede ser un espacio de creación de riqueza y de destrucción de personas al mismo tiempo, por lo tanto, la transparencia es una exigencia que el periodismo debe reclamar aquí también.

En última instancia, de alguna forma, podemos llamar calidad periodística al proceso por medio del cual el periodismo contribuye a domesticar al Estado y la economía. Y, para poder hacer eso, necesitamos libertad de expresión. La libertad profesional de los periodistas puede ser una fenomenal herramienta de transformación social, en un proceso de ampliación de voces que debemos reconocer como heterogéneas y nunca tratar de imponer su homogeneización.

Así, calidad y libertad de expresión son las dos banderas históricas de FOPEA. Alguien podría ver estos dos objetivos como contradictorios, pero para nosotros se refuerzan mutuamente. Por un lado, se trata de defender al periodismo. Y, por el otro, de criticarlo. Por eso no hacemos corporativismo. Sabemos que en los medios hay muchos actores a los que no les interesa la calidad profesional. A nosotros, sí. Y estamos convencidos de que promover el proceso autocrítico nos hace más fuertes para defender la libertad de los periodistas.

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La libertad de expresión en la Argentina en la era de la pandemia, las fake news y el lawfare

Nombre nuevo para un vicio viejo

Por Hugo Alconada Mon

Prosecretario de redacción de La Nación y miembro de número en la Academia Nacional de Periodismo

Lo plantea la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También su ex número dos, Amado Boudou, y su otrora titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Hasta su ex secretario de Transporte y coimero confeso, Ricardo Jaime, y el líder piquetero que destrozó una comisaría, Luis D’Elía. ¿Qué plantean todos ellos y varios más también? Que han sido –y todavía son- víctimas del lawfare.

Contracción de dos palabras en inglés “law” (“ley”) y “warfare” (“guerra”) –es decir, el uso de las leyes y de los procedimientos procesales como un instrumento de guerra-, la expresión significa mucho más que eso. Acuñada por dos humanitaristas australianos en 1975, apunta, según John Comaroff, antropólogo de la Universidad de Harvard, al intento por conquista y controlar a un pueblo “mediante el uso coercitivo de los medios legales”.

Aplicado a la Argentina, esto podría traducirse como el intento del poder –es decir, una ofensiva más amplia y que va más allá de Cambiemos– por someter al pueblo argentino, empezando por quienes mejor lo representan, defienden o, incluso, encarnan; es decir, el rol en que se encuadran a sí mismos la expresidenta y varios de sus colaboradores.

Pero, ¿existió o existe aún una “guerra jurídica” en la Argentina para someter a los referentes del kirchnerismo?

Muchos jueces y fiscales –con honrosas excepciones-, encarnan lo que una profesora de la Universidad de Rochester, Gretchen Helmke, tras estudiar durante años al Poder Judicial argentino, llamó la “lógica de la defección estratégica”. Es decir, la tendencia de los magistrados a aumentar sus decisiones contrarias al Gobierno saliente y favorables al entrante, basados en lo que creen que será importante o de interés para las nuevas autoridades.

Esta lógica no es nueva. Impera en los tribunales federales de Comodoro Py –y otros fueros, como el Contencioso Administrativo Federal-, desde hace décadas, aunque Fernández de Kirchner y sus allegados pretendan circunscribirlo a los últimos cuatro años, con ellos como víctimas. Pero el relevamiento de los expedientes muestra que benefició o perjudicó por igual a menemistas, kirchneristas y macristas, según cuál fuera el contexto político imperante.

Lo padeció Menem, que pasó de gozar de los “jueces de la servilleta” mientras ocupó la Casa Rosada a padecer a esos mismos magistrados, que ordenaron su arresto domiciliario. Lo padeció Fernández de Kirchner, que pasó de disfrutar de un sobreseimiento exprés en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a acumular varias indagatorias en un solo día. Y lo padeció Mauricio Macri, también, que pasó de un procesamiento confirmado por supuestas escuchas telefónicas ilegales a que el mismo fiscal pidiera luego sobreseerlo y sacarlo del expediente. ¿Cuándo? El 3 de diciembre de 2015, una semana antes de que asumiera la Presidencia. Y ahora ve, otra vez, que las sombras se ciernen sobre él.

¿Significa esto que no se registraron abusos durante los últimos años? De ningún modo. Los hubo. Como el que padeció el exvicepresidente Boudou, cuando filtraron fotografías de su detención, en pijama y descalzo, con el único fin de exponerlo ante la opinión pública de manera ultrajante. Y no fue el único episodio oprobioso de numerosos jueces y fiscales “procíclicos”. Es decir, que se hincan ante el poderoso, pero le patean la cabeza al que pierde el timón.

Por eso, dados los vicios que se enseñorean en los tribunales desde hace décadas, resulta esencial avanzar con una reforma judicial sistémica que vaya más allá de fusionar algunos fueros penales como un intento por diluir el poder de los jueces de Comodoro Py. Debe incluir correcciones al Consejo de la Magistratura, reformas procesales, reasignación de partidas presupuestarias y mucho más. El problema es sistémico y la solución también debe serla.

El falso argumento del lawfare

Por Roberto Gargarella

Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor en la UBA y la Universidad Di Tella. Investigador del CONICET.

En estas breves notas, quisiera hacer referencia crítica al uso de un concepto que ha cobrado especial notoriedad en nuestro país, en los últimos tiempos: el concepto de lawfare.

Lo primero que quisiera decir al respecto es que resulta muy difícil “refutar” o demostrar la inexistencia de la práctica del lawfare, en lugar de denostarla. Lo cierto es que, en casos como éste, la carga de la prueba reposa sobre las espaldas de quien defiende el absurdo: antes de que podamos impugnar la categoría de lawfare, alguien debería ser capaz de demostrarnos su existencia. Es decir: quien alega que existen cosas tales como el lawfare, la “luz mala” o el “lobizón” tiene el deber de mostrarnos que está en lo cierto: no puede cargar sobre nosotros la tarea de perseguir los fantasmas. Hagamos, de todos modos, el intento de decir algo sobre el tema.

Ante todo, señalaría que, tal como se lo usa de manera habitual, el concepto de lawfare aparece vinculado a un mero ejercicio de “teoría conspirativa”. Como sabemos, en todo ejercicio de teoría conspirativa se amontonan una serie de hechos reconocibles por cualquiera, que la “teoría” conecta luego del modo en que se le antoja, para sentenciar por fin el resultado definido ya de antemano. Se suele decir, por ejemplo, que el lawfare refiere a la conjugación de jueces, medios de comunicación y poder político y económico que buscan manipular el uso de la ley en contra de algunas figuras o grupos políticos, típicamente de extracción nacional-popular. Muy bien: ahí están las piezas, pero no hay un solo argumento que dé cuenta de cómo es que tales piezas se articulan entre sí; que nos diga por qué el mecanismo funciona en un tiempo pero no en el siguiente; que explique qué mueve o motiva a los actores del caso; o que determine por qué es que resulta, del cruce de las acciones de aquellos, un cierto resultado, y no el resultado contrario.

¿Quiere decir esto –y volviendo al lawfare- que en países como la Argentina no existen jueces corruptos y “dependientes” de la política; ni medios de comunicación poderosos; ni dueños de medios relacionados con el poder; ni políticos interesados en “dejar fuera de juego” a sus “enemigos”? No, en absoluto: todo eso es cierto. El problema es deducir de allí la conspiración mundial contra nuestros amigos, cuando lo que tenemos ante los ojos es algo tan viejo como el constitucionalismo: un sistema de poder concentrado, que deja a todo gobierno en excelentes condiciones para “hacerles la guerra” a sus enemigos.

La tosca explicación que yo podría ofrecer al respecto (con la trágica brevedad que exige una nota periodística) sería una como la siguiente: desde los orígenes del constitucionalismo regional (1810-1850), el pacto “liberal-conservador” alumbró un sistema de “frenos y contrapesos” desbalanceado hacia el Ejecutivo. Ese marco de desigualdad constitucional (que es también económica), pasó a generar desde entonces una dinámica institucional tan esperable como indeseada: el ansiado “equilibrio de poderes” ha ido ladeándose cada vez más en dirección favorable al Ejecutivo. Poco a poco, y a través de herramientas formales (el control de la violencia estatal; el ofrecimiento de cargos; la disposición de parte central del presupuesto), e informales (el manejo de organismos de inteligencia; la administración de fondos reservados), los sujetos a cargo del gobierno han ido “colonizando” o “desmantelando” a las restantes ramas del gobierno.

Adviértase lo siguiente. La sumarísima explicación que presento nos permite entender por qué cualquier gobierno (este, el anterior, el previo) queda en condiciones óptimas para tejer alianzas (internas y externas) y emprenderla luego contra sus “enemigos”. La explicación anterior nos permite entender –sin misterios ni conspiraciones mediante-, por qué es que muchos jueces (por miedo, a veces; por ambición, en otras) van a alinearse de manera pronta con el gobierno de turno; y por qué muchos empresarios, dueños de medios, etcétera, van a hacer lo propio.

En cambio, la extraviada explicación del lawfare sólo puede dar cuenta de una parte del problema, al costo de quedarse callada frente a la otra. Típicamente, un defensor de la idea puede explicarnos por qué hubo “lawfare en estado puro” los últimos cuatro años, pero no puede decirnos por qué, desde la llegada del nuevo gobierno, el lawfare no estaría funcionando, siendo que el elenco judicial, político y mediático se mantiene idéntico al que existía hasta hace meses.

Ahí tenemos entonces al “lawfare en estado puro”: una teoría conspirativa que explica lo que se le antoja explicar, del modo en que se le dan las ganas, aunque ello implique dejar en el camino toda conexión con la realidad. De allí que la “teoría del lawfare” ladre frente al ayer lo que maúlla frente al hoy: si van contra “los míos” es lawfare, pero si van contra la “oposición” es amor. Un cuento tan interesante y verosímil como el del “lobizón” o el de la “luz mala”.

La falacia de la manipulación mediática

Por Adriana Amado

Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO y presidenta de Infociudadana

El periodismo lleva años atrapado en un debate político sobre la función de los medios de comunicación. La paradoja se apoya en una falacia acerca del lugar que ocupan en la sociedad. Por un lado, la política y cierta academia acusan una influencia hegemónica de los medios en la formación de opinión y en el comportamiento social casi siempre sin más pruebas que un titular incómodo. Por otro lado, la industria de la información evidencia hace años una fragmentación de audiencias y pérdida de referencia que resulta en la desaparición de muchos medios. Esos medios que, según algunos, serían tan poderosos para cambiar los fallos judiciales o condicionar procesos electores parece que no tienen ascendente para pautar comportamientos que los involucren, como la compra de ejemplares o la permanencia ante un programa de televisión.

Lo curioso del debate de la influencia de los medios es que se basa en un supuesto imposible como es el de la manipulación de grupos de personas que exceden en número a la cobertura real de los medios. Cuando la política acusa a los medios de mentir y manipular, la reacción del periodismo es rechazar las acusaciones y enfrascarse en desmentidas estériles, cuando bastaría solicitar pruebas científicas de los supuestos efectos todopoderosos de los medios en la opinión pública. Que obviamente no tendrían. Porque esa falsa premisa del poder de inoculación mediático es un mito residual del siglo pasado.

Los medios cambiaron sustancialmente. Y esos cambios ya han sido descriptos hace década por los grandes teóricos de la comunicación, como Jay Blumler, que en 1995 planteaba este fenómeno en su libro La crisis de la comunicación pública. Y no solo por el impacto que traía la transformación digital sino también, y principalmente, por la caída sostenida de confianza en las instituciones y en los actores de la política, que registran inclusive las democracias más consolidadas.

En 2009, Manuel Castells, principal sociólogo iberoamericano, recopiló en las casi mil páginas de Comunicación y poder los principales estudios científicos, para concluir que los medios no son el poder, sino el escenario de la disputa del poder. Dejó claro que no existen evidencias para considerarlos un enemigo, aunque sigan teniendo el potencial de brindar un espacio para las batallas de otros. Incluso la teoría de la opinión pública más referida ha sido reformulada por su autor, Jürgen Habermas, que observa que ya no están dados los supuestos que hacían a la formación de una opinión porque ya no existe una ciudadanía mayoritariamente atenta a medios de referencia que se ocupen con uniformidad de temas de relevancia. Ni esto es sostenido en el tiempo, en el plazo extenso de más de ocho semanas que plantea la teoría de la agenda setting de Maxwell McCombs. La única hegemonía a la que responden los medios contemporáneos es a la de la volatilidad.

Los estudios de los efectos de los medios tienen una larga tradición en la ciencia de la comunicación que, aun en su multiplicidad de enfoques, coinciden en la complejidad de los factores que determinan la comunicación pública. Coinciden también, desde hace mucho tiempo, en que la ciudadanía no es un receptor vacío a la espera de mensajes que le organicen la existencia. Los fanatismos anteceden a la elección de los medios: son la condición de la exposición y no su resultado. Menos en tiempos en que la mayoría de la gente evita las noticias, como demuestran estudios tales como los del Oxford Reuters Institute, que ubica a la Argentina entre los primeros cinco países con ese fenómeno.

En todos los rubros hay grupos reaccionarios, que como los terraplanistas, se aferran a axiomas ideológicos en contra de cualquier fundamento empírico. Los políticos son muy afectos a citar autores que no leyeron y a repetir consignas que tienen consenso, pero no fundamento empírico. Corresponde al periodismo buscar los fundamentos de los dichos y descartar las declaraciones falaces a riesgo de ser arrastrados a la desconfianza en la que están atrapados sus detractores.

Hagamos el derecho, no la guerra

Por Andrés Rosler

Doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en FLACSO e investigador del CONICET.

En los últimos tiempos hay una expresión que se ha puesto de moda en el ámbito del derecho. Se trata de lawfare, una palabra que podría ser traducida algo literalmente como “guerrecho”, ya que es una mezcla de las palabras “guerra” y “derecho”.

Originariamente, la expresión fue utilizada en el ámbito académico-militar estadounidense para describir el comportamiento de quienes habían sido vencidos en una guerra convencional por los Estados Unidos y no tenían más alternativa que continuar la guerra por otros medios, por ejemplo, acusando infundadamente al vencedor de haber violado los derechos humanos de los vencidos.

Hoy en día, en cambio, la expresión suele ser empleada por quienes no suelen tener una opinión muy favorable sobre los Estados Unidos para designar la situación de una figura esencialmente política que es perseguida judicialmente a los efectos de impedir que triunfe democráticamente, lo cual viola obviamente todos los principios del Estado de derecho.

En ambos casos, se trata de un mecanismo que crea un chivo expiatorio mediante el cual se desvía la atención de los defectos propios y las virtudes ajenas o, si se quiere, se intenta convertir los defectos propios en virtudes y las virtudes ajenas en defectos.

En este contexto no debemos olvidar la puesta en práctica del así llamado “derecho penal del enemigo”, que consiste en denegar derechos y garantías fundamentales de los acusados, tales como la prohibición de usar la prisión preventiva como un adelanto del castigo y, por supuesto, la sanción de leyes penales retroactivas.

En rigor de verdad, el lawfare no inventó nada nuevo. Hace más de un siglo que el padre oratoriano Laberthonnière, fallecido en 1932, advertía que “la máxima: ‘es la ley’, no difiere en nada en el fondo de la máxima: ‘es la guerra’”. Tanto los conservadores como los revolucionarios pueden aprovecharse de la legalidad para perseguir a sus enemigos.

Hablando de enemigos, es indudable que existen genuinas víctimas de persecuciones absolutamente infundadas, tal como lo muestra por ejemplo el célebre caso Dreyfus. La cuestión, por supuesto, es si toda persona políticamente influyente que es acusada ante un tribunal se convierte por este solo hecho en víctima de lawfare.

Para poder determinar este punto es imprescindible tener en cuenta las dos variantes de la muy antigua discusión acerca de si es mejor el gobierno de las leyes o el de los seres humanos, que como se puede apreciar ya contiene el núcleo de lo que está en discusión en estos días.

Por un lado, es muy conocida la máxima —que se remonta por lo menos hasta el pensamiento político griego clásico-, según la cual es preferible el gobierno de las leyes al de los seres humanos. Se supone que las leyes representan la razón, con todo lo que ella implica (generalidad, imparcialidad, coherencia, previsión, etcétera), mientras que los seres humanos se caracterizan por actuar arbitrariamente.

Por el otro lado, obviamente, no pocos se preguntarán de dónde viene la tan buena prensa del gobierno de la ley, dado que las leyes son hechas precisamente por seres humanos y, además —que en el fondo tal vez sea lo decisivo-, las leyes también son aplicadas por seres humanos. De ahí que el mejor sistema de reglas e instituciones no servirá de nada si no contamos con jueces capaces de subordinar sus deseos y su ideología —en una palabra, sus decisiones-, a la autoridad del derecho.

Como dijera recientemente Neil Gorsuch, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos: “El rol de los jueces es aplicar, no alterar, el trabajo de los representantes del pueblo. Un juez que le gusta cada resultado que alcanza es muy probablemente un mal juez, que se inclina hacia los resultados que prefiere antes que aquellos que el derecho demanda”.

Después de todo, otra forma de perjudicar a los adversarios políticos empleando medios jurídicos consiste en llamar “interpretación constitucional” a lo que es evidentemente una violación de la Constitución, como por ejemplo cuando los tribunales constitucionales autorizan reelecciones indefinidas a pesar de que están prohibidas por la ley de leyes. Si realmente nos preocupa la utilización del derecho con fines partidarios, dicha preocupación no puede ser selectiva o sensible exclusivamente en relación a nuestros partidarios.

De ahí que, si realmente deseamos que los jueces vayan de casa al trabajo y del trabajo a casa de tal forma que no se metan en política, sino que apliquen solamente el derecho, necesitamos contar con jueces independientes que crean genuinamente en la supremacía de la Constitución y de la ley, con independencia de sus propias creencias e ideología. Es la única manera de vivir en un genuino Estado de derecho.

Este artículo fue publicado en el diario Clarín el 16/11/2019.

La apelación al lawfare y la política entendida como guerra

Por Fabián Bosoer

Politólogo y periodista, editor jefe de la sección Opinión del Diario Clarín.

Como ocurre con otros conceptos –el “neoliberalismo” o el “populismo”-, el llamado lawfare ha devenido una suerte de talismán ideológico o escudo retórico utilizado para descalificar –con mayor o menor asidero- la actuación judicial en procesos por corrupción en el manejo de los asuntos públicos, desacreditar las investigaciones periodísticas sobre los mismos, descargar responsabilidades políticas aduciendo amenazas mayúsculas o persecuciones pergeñadas por poderosos intereses y subrayar antagonismos irreductibles. Se escogen conceptos teóricos o categorías analíticas propias de los ámbitos académicos, que dentro de esos ámbitos merecen un razonable interés y un debate controversial, para convertirlos en slogans y consignas que cierran dicho debate y se orientan, más bien, a alentar una batalla política que avanza sobre otros campos de la vida democrática, principalmente el de la Justicia y el de los medios de comunicación.

En este caso, el alegato sobre la existencia de una “guerra judicial” se presenta como una operación publicitaria a través de la cual se denuncia aquello que –a la vez-, se asume como modelo propio: la visión instrumental de la Justicia y de los medios de comunicación. Estos dejan de ser instituciones valiosas y necesarias en sí mismas como actores insustituibles de la vida democrática para ser concebidos como herramientas sujetas a una batalla política o ideológica en la que priman otras cuestiones, como los intereses subyacentes por sobre los principios esgrimidos, las lealtades y obediencias por sobre la libre determinación de las personas y su capacidad para elegir y discernir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo deseable de lo indeseable, las ideas incompatibles por sobre los valores compartidos.

Este es el descomunal tamaño de la cuestión para los mentores de la cruzada “anti-lawfare”.

El lawfare se trataría de “una práctica de persecución y destrucción de adversarios o enemigos políticos, empleando como arma a los procesos judiciarios”. La invención de esta práctica persecutoria, gestada en la academia militar estadounidense, es la de perseguir a los opositores mediante mecanismos que no generen la “mala prensa” que tienen los atentados, asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, etcétera, que han sido empleados a lo largo de la historia de la dominación social ejercida por potencias hegemónicas. Parafraseando a Clausewitz, “…es la continuación de la guerra por otros medios…”.

Como parte de la campaña, sus promotores impulsaron un llamado “tribunal de ética” para el juzgamiento del comportamiento de jueces, medios y periodistas e identificar lo que llaman “distorsiones a la verdad”. Los jueces y periodistas quedan así involucrados en un territorio beligerante, en una opción dicotómica que borra los límites del Estado de Derecho, la división de poderes y la autonomía de la sociedad: para este modo de pensar, se está “de un lado” o se está “del otro lado”, y la vara que divide uno de otro campo no sería la de las instituciones democráticas, sino la de ese “estado de excepción” instalado por encima de ella, el del mentado lawfare.

Adscriben así a la teoría “decisionista” elaborada por Carl Schmitt, el jurista alemán del nacionalsocialismo, quien explicaba que la distinción política principal no es entre la verdad y la mentira, la justicia o la injusticia, sino entre amigo y enemigo. Esto mismo es lo que hacen los fiscales del lawfare, al “politizar” en dicho sentido la tarea del periodismo y de la Justicia. No importa si se incurrió o no en delito, no interesa si se investiga e informa sobre casos de corrupción del pasado reciente o del presente, lo que verdaderamente importa es si se está “de un lado” o “del otro” del lawfare, en una instancia definida por su intensidad, excepcionalidad y dramatismo. Así lo explican: “…en esa indeterminación entre el ‘ser’ y el ‘no ser’ radica su fuerza, prohijada por los medios masivos y hegemónicos de comunicación social, que afirman o niegan, modelando el psiquismo del colectivo humano, asignando culpabilidades o inocencias”.

En suma, todos los rasgos del pensamiento dogmático y conspirativista que no distingue matices, confunde hechos con interpretaciones, establece una doble vara según se trate de propios o ajenos, y descree de la existencia de un periodismo autónomo y libre, de una Justicia en condiciones de actuar con independencia de otros poderes y del buen discernimiento de las personas para formarse opinión propia.

Libertad de expresión, ¿otra víctima del COVID-19?

Por Carlos Lauría

Periodista, manager del equipo de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas del Programa de Periodismo Independiente de la Fundación Open Society (OSF).

La propagación masiva de COVID-19 está generando graves restricciones a la libertad de prensa en todo el mundo. El aumento de la intimidación y el acoso a los periodistas que informan sobre el Coronavirus amenaza la salud pública en algunos países. Al mismo tiempo, les brinda cobertura a los autócratas, líderes autoritarios e, incluso, a mandatarios elegidos por la vía democrática que ya estaban buscando razones para socavar y embestir a la prensa independiente.

Bajo el pretexto de luchar contra la desinformación y las noticias falsas, gobiernos represivos que pretenden controlar la narrativa sobre la expansión de la enfermedad han intensificado su persecución contra periodistas, adoptaron medidas contra la prensa e implementaron restricciones profundas.

Los periodistas son detenidos de manera arbitraria, golpeados por las fuerzas de seguridad, expulsados de países y hostigados por manifestantes, y ven denegado el acceso a información vital, según documentan a diario las organizaciones que defienden la libertad de prensa. Las limitaciones, las amenazas y otras formas de hostigamiento han hecho que el trabajo de los periodistas sea más complicado y difícil, sino imposible.

Los activistas manifestaron su preocupación por los efectos de la vigilancia para controlar la propagación del virus. La vigilancia sin control pone en peligro la privacidad y la capacidad de los periodistas para proteger las fuentes. Al mismo tiempo, puede inhibir la capacidad de la prensa para informar sin temor a represalias, fomentar la autocensura y la pluralidad de los medios. Por consiguiente, restringirá el debate sobre asuntos de interés público, piedra angular del sistema democrático.

Este contexto de violaciones reiteradas a la libertad de prensa ocurre en un clima donde predomina la desinformación, a tal punto que la pandemia ha dado lugar a un nuevo fenómeno llamado infodemia, que refiere a la superabundancia de noticias falsas. En este ambiente tan viciado es esencial que medios y periodistas puedan cumplir con su labor informativa sin tantas restricciones, interferencias y abusos. De otro modo, la libertad de prensa será pronto la próxima víctima del COVID-19.

Empresas de telecomunicaciones
y libertad de expresión

Por Ignacio Boulin

Abogado, profesor universitario, LLM Universidad de Harvard y cofundador del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.

Las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones y las vinculadas a internet son actores fundamentales para asegurar –o vulnerar- la libertad de expresión en la sociedad actual. En buena medida de ellas depende que las voces críticas puedan ser escuchadas o silenciadas; que la privacidad sea real o inexistente; que la discusión sea libre, capaz de detectar la verdad y la mentira, o manipularla.

Una red social amplifica la voz de personas que antes no podían expresarse, pero también puede bloquear a un usuario sin motivo; una empresa de telecomunicaciones permite que la información sea instantánea, pero también puede intervenir un teléfono en forma innecesaria; una aplicación puede simplificar la vida diaria, pero también puede proveer información sobre los movimientos de un periodista. Por eso el rol de estas empresas, que producen y almacenan datos, indexan información y brindan la infraestructura para que las comunicaciones se lleven adelante debe ser cuidadosamente analizado, pues pueden ser pilares de una sociedad libre o cómplices de restricciones indebidas a los flujos de información.

A nivel internacional existe una norma que obliga a las empresas a respetar los derechos humanos. El 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar”.

Estos principios tienen una especial relevancia en el área de la libertad de expresión. De hecho, los relatores especiales sobre Libertad de Expresión de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han referido a ellos en repetidas oportunidades para delinear ciertas obligaciones que corresponden a las empresas vinculadas con los servicios de telecomunicaciones e internet, sobre todo cuando interactúan con Estados, que suelen presionarlas.

David Kaye, relator de la ONU, ha reconocido estas presiones, pero ha destacado el rol de las empresas en la elaboración y aplicación de políticas para evaluar las repercusiones que sus actividades podrían tener sobre los derechos humanos, lo cual implica la necesidad de adoptar procedimientos de evaluación por parte de los agentes del sector privado.

Particularmente, ha manifestado que los proveedores de servicios de telecomunicaciones e Internet ocupan un rol estratégico para hacer frente a las presiones, pues suelen estar en mejores condiciones de frenar una solicitud de interrupción del servicio o de datos personales de los usuarios.

Es interesante resaltar que hay empresas que reconocen que como proveedores globales de tecnología pueden ayudar a promover –o ser utilizadas para impedir- los Derechos Humanos. Y se han comprometido a ello. Incluso, se han comprometido a que, cuando reciban una orden gubernamental contraria a la libertad de expresión, procurarán agotar los medios para evitar cumplir la orden, buscando modificar la orden; o una revisión judicial; o medidas alternativas que minimicen el impacto sobre la libertad de expresión. ¿Pasa esto hoy en la Argentina?

John Stuart Mill escribió en 1859 que silenciar la expresión de una sola persona era robar a toda la raza humana. Pero garantizar la libre expresión ya no pasa solamente por permitir el vocerío político en las plazas y cafés. Hoy, la tecnología permite silenciar masivamente. Es fundamental que las empresas asuman este compromiso en forma real, sin componendas. Solo así la expresión será realmente libre.

Periodismo de investigación y libertad de prensa

Por Marta Nercellas

Abogada especialista en Derecho Penal

La esencia del periodismo de investigación consiste en dar a conocer asuntos relevantes de interés general, que alguien quiere mantener ocultos. Cuanto mayor sea el poder de quien pretende silenciar las evidencias encontradas, más escarpados serán los obstáculos que el periodista deberá sortear.

Cuando los hechos además de ocultos son ilegales y los presuntos autores deciden usar el poder que ostentan para silenciar las evidencias, los métodos torpes y los más sofisticados se irán intercalando para intentar lograr su cometido.

A veces se suman a ese debate –libertad de expresión e investigación versus procura de impunidad- algunos actores del Poder Judicial. Cuando esto ocurre, no es el periodista, ni siquiera el medio para el que trabaja, el que está en crisis: es el sistema republicano en su totalidad.

La libertad de expresión no nace con los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Fueron la República Romana y Atenas las que comenzaron a descifrar el significado de la libertad para recibir, buscar e impartir información a través de cualquier medio.

En el otro extremo, la ciudadanía, porque el derecho a recibir información veraz, plural y de calidad es esencial para ella y esto solo puede lograrse si existen profesionales que lo hagan posible: los periodistas, profesión imprescindible para la democracia.

No importa si hablamos del escándalo Watergate –que obligó a Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, a dimitir en 1974-, informaciones sobre el terrorismo de Estado o temas de corrupción política, que en la actualidad son los que ocupan diariamente las páginas de los periódicos. Tampoco importa si en esas publicaciones se señala al cuñado del rey Felipe VI o a nuestra expresidenta y actual vicepresidenta y su familia.

En estos casos, los periodistas saben que serán presionados y amenazados para obstaculizarles su trabajo e impedirles la difusión de lo que investigaron, que intentarán desacreditar no sólo lo que publiquen, sino a su persona e, incluso, en algunos países, pueden encontrarse con la muerte por la sola razón de hacer público lo que el poder quiere ocultar.

Respetar las normas éticas y deontológicas no alcanza. Investigar al poder –asuntos de relevancia pública en pos de la verdad-, requiere que busque la información en la calle, en sus fuentes, contrastando datos. Exige pisar terrenos no siempre asfaltados.

En nuestro país, Daniel Santoro es un reconocido periodista de investigación. Una de sus fuentes –Marcelo D’Alessio- estaría involucrada en una supuesta extorsión, y el juez interviniente –que tiene muchísimos cuestionamientos en los que no habré de detenerme-, pretende involucrarlo en la maniobra ilícita. Decir que la extorsión “está en curso” le permitió llevarse por delante algunos derechos y formas del proceso.

Ante esto no podemos sino preguntarnos cuáles son las garantías existentes para las etapas preparatorias del quehacer periodístico, sobre todo para la recolección de información que los obliga a reunirse con personas que conocen de los delitos que investigan, muchas veces porque han participado en ellos o han encubierto las ilegalidades que informan.

La libertad de prensa es frágil en nuestro país y la amenaza es constante, a veces adquiere forma de ley, de retiro de la publicidad para acorralar económicamente al medio o de acoso judicial. El tratamiento hostil a los periodistas y a los medios periodísticos tiene como objetivo la autocensura y si no alcanza, el silencio, a como dé lugar. Procesar a un periodista por lo que publicó implica inhibir a muchos que podrían hacerlo.

Las restricciones ilegítimas a través de interferencias de cuerpos regulatorios o impedimentos de entrevistas suelen ser menos eficaces que la acusación de un delito por haber investigado, aunque se lo disfrace con diferentes ropajes.

Muchos son los términos que están en debate porque aún no hemos logrado definir los límites precisos entre lo prohibido y lo permitido: la libertad de expresión como derecho humano, sus límites, el interés público y, hasta la reserva de las fuentes, son conceptos que muchos discuten.

El valor del periodismo investigativo no puede ser subestimado cuando hablamos de democracia y menos cuando los poderes que la lideran están fuertemente sospechados de corrupción.

Acallar a la prensa es una enorme tentación para cualquier poder autoritario: comenzarán con leyes “mordaza”, pero recurrirán a las persecuciones concretas si fuera necesario. Generalmente, la autocensura es la primera respuesta y, para acreditarlo, solo tenemos que revisar nuestra historia.

Buscar la noticia para que la sociedad conozca lo que ocurre a su alrededor exige no solo que los periodistas puedan difundir la información, sino y muy especialmente, que tengan la libertad de investigar, de recolectar datos y testimonios, de evaluar la información que reciben. No hay libertad de prensa sin libertad de investigación, de búsqueda y recopilación de los datos que permitirán fundar la noticia. Proteger la República es también proteger a los periodistas que nos señalan las ranuras por las cuales esa República
se escurre.

Las interferencias al ejercicio del periodismo sobre asuntos de interés público deben estar sujetas al escrutinio más estricto. Ni la empresa ni las asociaciones que los representan pueden desconectarse de la suerte del periodista, pero la sociedad tampoco.

En Somalia, el periodista puede perder la vida; aquí, en la Argentina, se utilizan otros métodos para acabar con la pluralidad de voces, pero en uno y otro lado todos debemos estar alertas al ejercicio abusivo del poder estatal o de cualquier grupo que intente ese objetivo.

El poder punitivo del Estado debe aplicar estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los relacionados con la libertad de expresión, y nunca puede ser ejercido para criminalizar las acciones legítimas de los periodistas.

No reclamo ninguna inmunidad legal especial para ellos ni fueros ni exenciones, solo que se contemple que realizan una tarea diferente, en la que los riesgos se multiplican, sobre todo cuando los datos que obtienen en su investigación develan algún pliegue contaminado de un poder corrupto. Esos riesgos que asume para investigar son los que deben ser considerados de manera diferente, como lo indica la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) cuando habla de “protecciones reforzadas”.

Defenderlos es defendernos (casi como ocurre con el coronavirus en los días en que escribo estas líneas).

El día en que me convertí en un caso testigo de la persecución contra el periodismo de investigación

Por Daniel Santoro

Periodista de investigación, editor en el diario Clarín

Hace 28 años que hago investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción, tráfico de armas, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, entre otros temas. No tengo ningún antecedente penal. Vivo modestamente de mis ingresos como periodista. Tengo una casa y un auto, y me puse a disposición de la Justicia, por escrito, para que investigue mis cuentas bancarias, mis bienes y mi nivel de vida, y confirme que jamás recibí un peso por extorsiones, por coacciones ni por ningún otro delito que intentaran atribuirme.

En estos años recibí múltiples amenazas de muerte, insultos, presiones para acallarme a través de juicios civiles iniciados en mi contra e intervenciones de mis teléfonos y correos electrónicos, pero nunca antes había sido procesado por supuesta extorsión ni había sufrido un hostigamiento mediático organizado como el que el kirchnerismo orquestó en mi contra.

En mi vida profesional he tenido cientos de fuentes (funcionarios, exfuncionarios, empresarios, militares, policías, jueces, fiscales, abogados, arrepentidos o “viudas del poder”) y por mi especialidad tuve que reunirme con traficantes de armas, procesados en causas penales y otras personas de moral dudosa. Es mi trabajo.

En noviembre de 2016, conocí a Marcelo D’Alessio a través de una compañera de Clarín. Se presentó como abogado penalista junto a un auténtico abogado penalista, Rodrigo González. Digo que González es un “auténtico abogado” porque por entonces yo no sabía que D’Alessio no solo no es abogado, sino que usaba sus relaciones con más de 20 periodistas y miembros de la Justicia para extorsionar a empresarios comprometidos en causas judiciales. Lo supe en febrero de 2019, cuando los kirchneristas me denunciaron ante la Justicia por operar en sociedad con D’Alessio. Me acusaron ante un juez elegido estratégicamente mediante una maniobra conocida como “fórum shopping”, que consiste en buscar un juzgado amigo que lleve el expediente. El magistrado escogido por mis acusadores fue el juez federal de Dolores -y militante kirchnerista-, Alejo Ramos Padilla.

Una de las cosas más curiosas es que el autor de la denuncia, el “empresario agropecuario jubilado” Pedro Etchebest, no estaba ni está nombrado -y, obviamente, tampoco imputado-, en la causa de los “cuadernos de las coimas” por la que dijo haber sido extorsionado por D’Alessio. En esa causa judicial se investiga la existencia de un sistema de recolección de sobornos pagados al gobierno nacional por grandes beneficiarios de la obra pública, y es el expediente que más compromete a la expresidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner. Etchebest, que no es productor agropecuario ni jubilado y que también se hace llamar Pedro Rodríguez, participó de una trampa que se le tendió al falso abogado D’Alessio, avalada desde el Instituto Patria, que responde a Cristina.

La maniobra no apuntó solo a denunciar a D’Alessio por la extorsión contra Etchebest, sino que fue parte de una estrategia para vengarse del fiscal Carlos Stornelli, del juez Claudio Bonadío y, a través de mí, del periodismo que había investigado la corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina. El plan, llamado “Operativo Puf”, se gestó en la cárcel de Ezeiza, donde estaban detenidos los exfuncionarios kirchneristas, como Roberto Baratta, que fue el segundo a cargo del poderoso Ministerio de Planificación durante el gobierno de Cristina. Así lo admitió Eduardo Valdés, un operador de CFK, exembajador ante el Vaticano y actual diputado nacional del Frente de Todos.

El objetivo del Operativo Puf era doble: primero, anular las causas al presentarlas falsamente como viciadas por las extorsiones de D’Alessio y poder salvar de ellas a los acusados por la corrupción, y como segundo objetivo, buscaba dañar la reputación de jueces, fiscales y periodistas que seguíamos las investigaciones contra los exfuncionarios kirchneristas abiertas en la Justicia Federal.

Etchebest me involucró adrede en sus conversaciones con D’Alessio -en la trampa que le tendió al falso abogado- desde el rol de “agente provocador”, como se dice en Derecho, y luego presentó la denuncia en el juzgado de Ramos Padilla, un magistrado nombrado en su cargo por Cristina Kirchner con la bendición de los organismos de Derechos Humanos que apoyan abiertamente a la expresidenta.

En las escuchas telefónicas que se les realizaron a Baratta y otros presos K para la investigación sobre el Operativo Puf, estos cuentan cómo decidieron difundir la “opereta” (así llaman a la denuncia de Etchebest): primero, a través del periodista Horacio Verbitsky, quien publicó al respecto un artículo lleno de inexactitudes y mentiras, como que D’Alessio era el director regional de la DEA para América Latina y que el “recaudador” de Stornelli era el actual gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; y luego con la denuncia en el juzgado de Ramos Padilla.

La más grosera de las mentiras del artículo de Verbitsky sobre mí era que fui un agente de la KGB -la agencia de inteligencia soviética- durante 15 años. Además, el periodista publicó el nombre de mi esposa y la dirección de mi casa, que nada aportaban al artículo, y que propiciaron que grupos de fanáticos kirchneristas me amenazaran personalmente en mi domicilio, además de agredirme a través de las redes sociales.

En pocos días pasé de ser el periodista argentino con más premios ganados en el exterior a convertirme en un demonio y un delincuente. A partir de esa nota, se disparó un operativo de aplastamiento de mi figura pública coordinado desde el kirchnerismo, y que llegó a su máxima expresión cuando Cristina me calificó de “periodista extorsionador” en una sesión del Senado. Fue el día en que la expresidenta pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la causa abierta en el juzgado de Dolores por considerar que, si D’Alessio era director de la DEA, había existido una intromisión de los Estados Unidos en la política interna argentina.

Así comenzó la peor pesadilla de mi carrera. Acusado falsamente por participar de una extorsión hecha por una de mis fuentes periodísticas, vi cómo mi situación generaba en mis colegas el temor a pasar por la misma persecución que yo sufría. Ese temor llevó a que la mayoría de los periodistas que declararon en calidad de testigos en el juzgado de Ramos Padilla le abrieran dócilmente al juez el contenido de sus teléfonos celulares y casillas de emails. Fui el único periodista que se amparó en el artículo 43 de la Constitución Argentina para preservar sus fuentes, ya que el informe requerido era una radiografía de las personas a las que recurro por información de manera habitual. El juez pidió un informe a las empresas telefónicas sobre mis llamadas de los últimos tres años y, luego de un largo debate, destruyó el registro de las llamadas para respetar mi “derecho a la privacidad”, pero no mencionó mi derecho constitucional al secreto profesional.

En otra medida inédita, el magistrado Ramos Padilla ordenó que la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) investigara si mis notas constituían “operaciones de acción psicológica”. La referencia más próxima a una medida de este tipo es de la última dictadura militar, contra Jacobo Timerman por sus notas en el diario La Opinión.

La CPM aceptó la misión encomendada por el juez y emitió un informe, según el cual, de las comunicaciones del falso abogado Marcelo D’Alessio “emergen indicios de una posible interacción de inteligencia ilegal” con periodistas y medios de comunicación. Para ese organismo, que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, D’Alessio “instaba a diferentes periodistas a que la información colectada y analizada de manera ilegal sobre sus ‘blancos’ de investigación fuera publicada”.

Si otros jueces siguieran la suposición de Ramos Padilla de que ese tipo de intercambios entre un periodista y una fuente constituye “inteligencia ilegal”, gran parte del periodismo de investigación de América Latina podría ser acusado penalmente, como advirtieron oportunamente FOPEA, la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y organizaciones internacionales de periodismo. Estas y otras decisiones de Ramos Padilla han creado miedo a investigar la corrupción del kirchnerismo entre el periodismo argentino, lo que en inglés se llama “chilling effect” y que se puede traducir como “efecto de congelamiento”, como dijo el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York al darme su apoyo.

Cristina Kirchner y sus seguidores también se molestaron por otra investigación mía sobre el supuesto cobro de un soborno de 100 millones de dólares que se habrían repartido Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Ahora que la expresidenta está nuevamente en el poder, habrá que ver si algún juez o fiscal se anima a profundizar en el tema o si el “efecto de congelamiento” también afectará a la Justicia.

Las actuaciones del juez Ramos Padilla y de los querellantes han sentado un peligroso antecedente: ellos violaron el derecho al secreto profesional de los periodistas y el derecho constitucional del periodismo a reclamar que los funcionarios rindan cuentas sobre cuestiones públicas, como dijo el constitucionalista argentino Daniel Sabsay. Cuestionaron el método de recopilación de información de los periodistas y, además, tratan de penalizarnos por lo que dicen o hacen nuestras fuentes.

En lo que llevo de carrera en el periodismo, jamás me ganaron un juicio civil por mis investigaciones sobre la corrupción. Esta vez, para silenciarme, el kirchnerismo me persigue a través de un delito de extorsión inventado y busca atacarme por otros frentes: los abogados de Cristina, en la Argentina, y de Lula Da Silva, en Brasil, crearon un tribunal de “lawfare” en España que pretende condenarnos a mí, a Jorge Lanata, a Luis Majul y a otros periodistas de América Latina por investigaciones sobre la corrupción de los gobiernos de los Kirchner, de Lula y del ecuatoriano Rafael Correa. En definitiva, mi caso refleja un choque institucional que aún tiene un final abierto.

El lawfare y la justicia paralela

Por Gustavo González

Periodista y CEO de Perfil Network

Si la idea es terminar con la corrupción judicial, la manipulación de las causas y las presiones políticas sobre Comodoro Py, la Argentina podría estar ante una mejora notable de su calidad institucional. Si la idea es que la corrupción, la manipulación y las presiones judiciales simplemente cambien de dueño, la calidad institucional no se va a degradar más de lo que ya está, pero presenciaremos un espectáculo tragicómico que nos dará un motivo adicional para explicar nuestra decadencia.

En estricto off the record, un juez del fuero Federal intenta una explicación sobre el verdadero rol de ese fuero: “Somos jueces que, al intervenir en conflictos con quienes manejan el Estado, necesariamente tenemos que contemplar cómo van a impactar nuestros actos. En otros fueros eso no es tan relevante porque se investiga a privados que cometieron delitos privados, pero en este caso son funcionarios y lo que nuestros fallos provoquen también tiene impacto institucional. Por eso, aunque no lo diga ningún código, nuestro rol también es amortiguar conflictos”.

“Amortiguar” podría traducirse, por ejemplo, en medir cuándo comunicar un fallo según el clima político del momento, o en ser permeables a los “alegatos de oreja” de un gobierno que pida contemplación por dictámenes que podrían afectar la situación económica.

Para que se entienda: la Justicia Federal funcionaría, en la práctica, como el verdadero cuarto poder del Estado. El único que interactúa con otros dos: el Ejecutivo y el Judicial. Las facultades de este cuarto poder no están legisladas y los medios solo se refieren a ellas a través de sus consecuencias: extraños fallos o actitudes que no parecen tener una lógica jurídica.

La sociedad tendría derecho a opinar si le parece aceptable la forma en que, por las suyas, jueces federales y funcionarios han encontrado para resolver conflictos jurídico-institucionales.

Así las cosas, el lawfare no aparecería como una anomalía del sistema, sino como una posibilidad cierta, producto de un vínculo “normal” entre jueces y funcionarios. Un vínculo no previsto por la ley entre el poder político y quien lo investiga. En ese marco irregular suceden hechos que unos utilizan a su favor cuando tienen el poder y sufren cuando lo pierden.

El 3 de noviembre de 2017 tuvo lugar uno de los momentos más promiscuos en ese mix de normas no escritas. Sucedió cuando un grupo de prefectos irrumpió temprano en el domicilio del exvicepresidente Amado Boudou para detenerlo, a raíz de una causa por enriquecimiento ilícito. Lo fotografiaron y filmaron en jogging y descalzo mientras lo esposaban. Las imágenes se distribuyeron pronto en medios y redes sociales.

El juez que ordenó su detención fue Ariel Lijo, quien consideró que, aunque aún no había sido condenado, Boudou no podía seguir libre porque podía interferir en la causa. Eso ocurrió tres días después de que el juez fuera denunciado por el Colegio de Abogados. La denuncia decía que en 28 expedientes no había cumplido con el llamado a indagatoria de un solo imputado y concluía en que Lijo demostraba inactividad cuando investigaba a funcionarios y exfuncionarios. Se mencionaba el caso de dos amigos de Boudou denunciados por enriquecimiento tres años atrás que ni siquiera habían sido llamados a declarar.

Pero ese 3 de noviembre, como si se tratara de una respuesta a la acusación de tres días antes, el juez directamente optó por detener al exvicepresidente. ¿Casualidad, intencionalidad, arbitrariedad? Cuando jueces y políticos crean su propio marco legal, todo puede pasar.

Lo que se está debatiendo en la Argentina es cómo se imparte Justicia en ese contexto. Cómo se investiga la corrupción de doce años de kirchnerismo y, también, la que va más allá del kirchnerismo.

Porque la lógica argumentativa de que todo el sistema de Justicia estuvo viciado de manipulación política puede traer implícita la conclusión de que, entonces, todas las causas que involucran a exfuncionarios están viciadas de nulidad. Por eso, detrás de la necesidad de probar la existencia del lawfare lo que subyace es la riesgosa posibilidad de anular todo lo actuado.

El desafío de los políticos del oficialismo y de la oposición que no propician la impunidad, y el desafío de los jueces y fiscales que trabajan con honestidad es triple: desactivar la justicia paralela de los juzgados de Comodoro Py, denunciar a quienes se aprovecharon de ese sistema y, al mismo tiempo, lograr que nadie quede impune por los delitos que cometió.

Hecha la ley, acecha la trampa

Por Edgardo Litvinoff

Periodista, prosecretario de redacción del diario La Voz del Interior,
de Córdoba

El paraíso de los periodistas debe tener forma de una Biblioteca de Alejandría administrativa, real o virtual: un centro de difusión en el cual cada quien puede acceder al dato más ínfimo que certifique la operación más nimia que se haya realizado en todos los niveles del Estado, hasta el día de esa consulta.

Pero no.

Ese sueño borgiano contradice a la realidad, que tiende a parecerse a esa misma biblioteca, pero después de su piromaníaca decadencia.

La normativa argentina y la de la mayoría de las provincias suelen ser claras sobre el acceso a la información, pero la práctica aún está demasiado lejos de lo que consagran esas leyes.

Los “atajos” de las autoridades para eludir su cumplimiento son la normalidad y la creatividad puesta al servicio de la elaboración de ese entramado muestra un grado de eficacia que, si se trasladara a las demás políticas públicas, seríamos un país rico.

Pero no.

Un ejemplo simple que ilustra a la perfección ese pantano en el que los periodistas tratamos de encontrar la información: en la provincia de Córdoba, ningún ciudadano podrá saber cómo se gastaron los 5.595 millones de dólares que, según el propio gobernador, se destinaron a obra pública en los últimos cuatro años. Ello es así porque la provincia realiza esas obras a través de Caminos de las Sierras, una sociedad anónima -con el Estado como único socio, con el 100% de las acciones- que recibió la mayoría de esos fondos como “aportes de capitalización”, una figura que los exime de pasar por el control del Tribunal de Cuentas.

Es decir, nadie sabrá cuánto nos costó un puente, una pavimentación, un movimiento de suelo o una bolsa de cemento. La ingeniería para lograr esto halló un resquicio “legal”, que convierte en papel higiénico cualquier norma de acceso a la información, por más elaborada y específica que sea.

Si esto sucede en una provincia como Córdoba, ni hablar en otros lugares del interior del país, donde los mecanismos institucionales son mucho más laxos. Como Chaco, por ejemplo, en donde sucede algo similar: las compras de la administración provincial son delegadas en la Fiduciaria del Norte, una sociedad anónima que no tiene las mismas obligaciones ante el Tribunal de Cuentas que las demás reparticiones públicas.

El derecho al acceso a la información es el hermano gemelo del derecho a la libertad de expresión: no hay derecho a difundir información si esta no es accesible.

A fines de 2019, un informe del diario La Voz revelaba que, de todos los pedidos de acceso a la información realizados a la Provincia y al municipio capitalino por cuatro de las organizaciones más activas -Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Fundeps, Foro Ambiental y Córdoba de Todos-, solo uno de cada diez fue contestado de manera satisfactoria.

Ambas administraciones tienen portales abiertos de datos que, de hecho, permiten obtener datos interesantes y comprobar eventuales irregularidades. Pero no es suficiente.

El Poder Judicial también es un deudor en esta materia. Tras las elecciones nacionales y provinciales de 2015, tardaron casi tres años en difundir el listado de los aportantes de campaña de los partidos políticos que participaron de esos comicios, cuando debiera haber sido publicado a los tres meses, como máximo. Y el resultado era revelador: un tercio de los aportantes del peronismo cordobés eran proveedores del Estado, en una provincia gobernada por el peronismo. Algo que prohíben todas las leyes de financiamiento de campaña.

Y la rendición de las elecciones de 2019 llegó, también con los plazos vencidos, sólo después de que la prensa difundió las dilaciones para entregar esa información.

La deuda pendiente es todavía demasiado evidente.

Si el acceso a la información es hermano de la libertad de expresión, la impunidad es el hijo incestuoso de esas dos ausencias.

“Noticias falsas”, una muletilla confusa, engañosa y peligrosa para la libertad
de expresión

Por John Reichertz

Director de 100 Por Cierto, un proyecto de FOPEA y Thomson Media para combatir la desinformación en la Argentina.

La muletilla “noticias falsas” o “fake news” encierra todo un mundo de contradicciones, a tal grado que es, en sí, confusa y engañosa. De todos modos, es lo que se usa, peligrosamente, para identificar un fenómeno real, que tiene más que ver con políticos, activistas, celebridades y propaganda.

En la Argentina, en este momento, afloran medidas y propuestas para colocar un corsé a la comunicación masiva, particularmente por las redes sociales, y todos estas tienen un denominador común: hacen referencia a estas supuestas “noticias falsas”. El supuesto es que el fenómeno algo tiene que ver con el periodismo.

Por eso, la utilización de la muletilla, particularmente en el contexto de hipersensibilidad provocada por la pandemia de COVID-19, representa una amenaza seria a la raíz de todos los derechos humanos, que es la libertad de expresión y de prensa.

Para hacer frente a esta amenaza, es imprescindible analizar las contradicciones escondidas detrás de este intento de desprestigiar a las noticias y al periodismo, y redefinir el problema, para proponer cómo abordarlo. A la vez, es necesario levantar la guardia contra aquellos que insisten en usar la muletilla para someter al periodismo.

El origen de la expresión fake news es lejana en el tiempo, pero se popularizó nuevamente en los últimos años en sociedades democráticas en base a su utilización por parte de mandatarios como Donald Trump y Jair Bolsonaro, para repudiar cualquier expresión que contradijera la visión oficial de los hechos. Que la descalificación de la prensa crítica haya salido de sociedades que supuestamente son paladines de la libertad de expresión habilitó a los dictadores y autócratas del mundo para utilizar la misma táctica para desprestigiar cualquier comentario crítico. El Comité para la Protección de Periodistas afirmó recientemente que los líderes fuertes de 26 países usan la muletilla fake news para desprestigiar y atacar a la prensa critica.

Que haya gobiernos que quieran controlar el discurso público de esta forma no es nada nuevo. Ya en 1257, durante del reinado de Eduardo I de Inglaterra, fue promulgada una ley contra “noticias o cuentos falsos por los cuales la discordia, o la promoción de discordia o calumnia, pueda crecer entre el rey y su gente”.

Trump y Bolsonaro, acusan a la prensa crítica de ser portadores de fake news, pero hoy el fenómeno es mucho más complejo por el potenciamiento de la comunicación multidireccional, sin límites, de las redes sociales. Hay una infinidad de actores, confesos u ocultos, que utilizan un sinfín de recursos, tecnológicamente sofisticados o burdos, para lograr sus no siempre santos objetivos, aprovechando de las masas digitales.

Con la pandemia de COVID-19, el tema ha tomado un impulso espectacular:

• Debido a las ansiedades lógicas de las personas sobre un virus y crisis sin precedentes,

• De la mano de las autoridades, para preservar la paz social, pero también para fortalecer su poder político,

• Con la satisfacción de los que siempre manipularon los odios, las afinidades y las ansiedades de la gente para impulsar agendas propias.

• En el contexto de convulsión actual, hay varios líderes, políticos y provincias que están tomando medidas tendientes en lo general a penar a personas que difunden falsedades con el objeto de provocar algún daño (con malicia). Se aprovechan de viejas leyes creadas para mantener la paz social, o proponen nuevas leyes para convertir la difusión de “noticias falsas” con intencionalidad, como contravenciones de la ley.

El tema ha estado presente en Mendoza, Corrientes, Chaco y Santa Cruz, como también en Misiones, según algunos informes. Propuestas similares estuvieron a consideración del Congreso Nacional, ahora inactivo, pero en este caso relacionadas con elecciones.

Generalmente, lo que proponen o han implementado las provincias es que la policía actúe contra personas que con mala intención difunden “noticias falsas”, acusándolas de haber cometido una contravención, penada con una multa o arresto.

¿Cuál sería la consecuencia de tener a la policía patrullando las redes sociales con la intención de identificar a personas que hayan difundido de mala fe falsedades y engaños como parte de un intento de provocar conmoción en la sociedad? ¿Cómo van a determinar la mala fe o las intenciones detrás del mensaje?

Múltiples expertos en libertad de expresión y juristas constitucionales han afirmado que este cuadro policial de control y seguimiento activo tendría un “chilling effect” (efecto de congelamiento). Es decir, congelaría la libre discusión en la sociedad de las ideas, las impresiones, las reacciones, las visiones de las personas, y abriría la puerta para la imposición de una visión única.

Ahora, ¿cuáles son las características de aquellos que, como Trump, levantan las alertas sobre supuestos fake news?

Según The Washington Post, Trump, en los primeros 1.170 días de su mandato, ha pronunciado más de 18.000 falsedades o afirmaciones engañosas. ¿Quién es más creíble, Trump o lo que él llama el “Fake News Washington Post”? Para muchos estadounidenses, Trump. Pero la sociedad está muy divida.

Un estudio del Reuters Institute de Oxford, Inglaterra, mostró que el 69% de la desinformación comentada y compartida sobre COVID-19 fue generada por políticos, celebridades y otras personalidades públicas, aunque representaba solamente un 20% del tráfico original. Es decir, estas personas tenían la influencia necesaria para lograr la amplificación de la desinformación.

Otros estudios anteriores sobre las elecciones en Estados Unidos mostraron un fenómeno similar de validación. En aquel caso, los medios de comunicación masivos validaron la desinformación, la amplificaron y ayudaron a que sobreviviera durante el curso de la campaña electoral.

A la vez, estos estudios reflejaron que no hay un periodismo uniforme, y que hay muchas publicaciones que no proponen seguir criterios profesionales.

La falsedad consiste en “vender” algo por lo que no es. Una noticia no puede ser falsa si la definición de la misma es el mejor intento por parte de una persona honesta para describir con mayor detalle y desinterés personal algo que ha ocurrido. Es el público que debe definir si merece su atención o no. En la situación actual, el periodismo que debe extremar sus esfuerzos para mostrar que es diferente a todos aquellos que reparten otra cosa.

Con la pandemia de COVID-19, el fenómeno de las “noticias falsas” recibió un segundo nombre, más al tono de las preocupaciones del momento. Ese segundo nombre es “infodemia”.

La idea es que nos invade una plaga mundial de falsedades, muchas de las cuales aprovechan de las ansiedades lógicas de las personas. Estas falsedades nacen en cualquier lado, pero se reproducen, a veces con particular virulencia, en las redes sociales.

Pero hay luces de esperanza: nunca fue más claro para todos que ahora que las falsedades pueden hacer mucho daño, y que el único camino de salida está iluminado con las verdades que expresan la realidad de la situación.

Esta actitud es lo que vemos en otro estudio del Reuters Institute, que mostró que la fuente de información más creíble para las personas en este momento son los científicos, los médicos y otros expertos en salud.

A la larga la gente es sabia y tiene el derecho a elegir, sin filtros, a quién escuchar y en quién creer.

La infodemia es una plaga que estuvo circulando antes de la aparición del COVID-19, y seguramente estará después de que la humanidad logre dominar al novel coronavirus. A diferencia de la pandemia actual, la infodemia no tiene una causa, sino múltiples. Pero el COVID-19 sí está enseñando a la humanidad, que el único camino adelante es la responsabilidad y la solidaridad.

La investigación periodística se volvió maliciosa hasta que se demuestre lo contrario

Por Irene Benito

Abogada y periodista de La Gaceta de Tucumán

La autocensura florece 60 años después de los hechos que desembocaron en la fabricación del escudo de la prensa ante los funcionarios: la doctrina de la real malicia.

Fue en el clima de reclamo y de desafío al orden establecido que propició el movimiento estadounidense de los derechos civiles que una organización denominada “Comité para la defensa de Martin Luther King y la lucha por la libertad en el Sur” se presentó en las oficinas de The New York Times para contratar la publicación de un aviso en el diario. La solicitada apareció en la edición del 29 de marzo de 1960 y exponía los excesos de las autoridades de Alabama en la represión de la protesta de King. Esta expresión de la disidencia difundida hace seis décadas por medio de la prensa derivó en la emisión de la sentencia “New York Times vs. Sullivan” (1964), donde la Corte Suprema de Estados Unidos estableció la doctrina de que todo cuestionamiento hacia los funcionarios públicos resulta válido a menos que aquellos prueben la existencia de una real malicia.

Aquel pronunciamiento contiene uno de los escudos que mejor han protegido el ejercicio de las libertades de expresión y de la prensa respecto de las autoridades y de los asuntos estatales. La doctrina de la real malicia fue “importada” por la jurisprudencia argentina tras la restauración de la democracia. El estándar ingresó plenamente al orden jurídico a partir de la sentencia “Costa” del 12 de mayo de 1987. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tradujo allí la decisión de su par estadounidense en estos términos: “para obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones concernientes al ejercicio de su ministerio, los funcionarios públicos deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia”. Posteriores fallos precisaron que la mera imprudencia resultaba insuficiente para lograr un resarcimiento y que el estándar tutelaba incluso la información falsa. Ese alcance se alinea con “New York Times vs. Sullivan” en el sentido de que las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre y deben ser protegidas a los fines de que la libertad de expresión cuente con espacio suficiente para sobrevivir.

Aunque es evidente que la doctrina de la real malicia procura estimular la discusión sobre la marcha del Gobierno y la fiscalización de los gobernantes, su efecto práctico es contener la autocensura. La Corte argentina interpretó que la exigencia de “la prueba de la verdad” podía desembocar en el silencio, y en la aniquilación de las libertades de expresión y de prensa, derechos distintivos de la democracia republicana que, por ese mismo valor superlativo, precisan de una tutela especial.

La recuperación del Estado de derecho y la aplicación de la doctrina de la real malicia tuvieron como efecto directo el desarrollo de investigaciones periodísticas sobre temas sensibles. Pronto la prensa empezó a iluminar el camino para las pesquisas judiciales y el oficialismo, a contraatacar por la vía de la sanción de leyes que procuraran limitar el ejercicio de sus derechos constitucionales. Así, por ejemplo, el Poder Ejecutivo menemista envió al Congreso en 1994 dos proyectos llamados “leyes mordaza”, que no prosperaron.

Las iniciativas legislativas inspiradas en el afán de regular la libertad de expresión pronto se manifestaron como auténticos mecanismos de censura previa expresamente prohibidos por la Constitución y contrarios a la interpretación de la Corte de la Nación. Pero no por ello dejaron de existir. En esa línea se inscribe la propuesta de senadores afines a la vicepresidenta Cristina Fernández para anular las prisiones preventivas en causas de corrupción cuyo otorgamiento se entienda “influenciado” por pesquisas periodísticas. Esta idea formalizada a comienzos de 2020 abreva en la concepción que considera a políticos de la centroizquierda latinoamericana como víctimas de la guerra tramada por el Poder Judicial y los medios de comunicación y denominada lawfare.

En aquellos nuevos embates contra la prensa laten antiguas pretensiones de amedrentarla y de desactivarla. La autocensura va de la mano de una especie de estado de desconfianza que convierte a la investigación periodística en maliciosa hasta que se demuestre lo contrario. Esta inversión regresiva de los postulados de la doctrina de la real malicia choca con el principio democrático elemental que desaprueba que los funcionarios públicos generen mecanismos que veden la posibilidad de controlarlos y de cuestionarlos. Pero, sobre todo, desconoce la lógica de que para que las autoridades tengan límites es necesario que la posibilidad de ventilar y comentar su conducta sea lo más ilimitada posible. Es esa esencia del fallo “New York Times vs. Sullivan” la que llevó al filósofo Alexander Meiklejohn a dictaminar que se trataba de una ocasión para que la ciudadanía saliese a bailar a la calle.

El periodismo que baja la mirada ante la fake news del lawfare

Por José Crettaz

Periodista, docente y emprendedor

Tal como se lo presenta en América Latina, el llamado lawfare es la confabulación de los Tribunales y los medios para perseguir judicialmente a líderes populares. Sin tecnicismos jurídicos, quienes lo plantean van directo al objetivo: los procesos judiciales y las condenas recibidas por exfuncionarios se basan en información falsa instalada masivamente por el periodismo para que los jueces dicten sentencias con el fin de encarcelar a dirigentes cuyo único interés fue “la felicidad del pueblo” (aunque no puedan explicar el crecimiento de sus patrimonios personales).

En otras palabras, para que el concepto pueda volverse una llave que abra las cárceles y conmute condenas debe dar un primer paso fundamental: destruir o al menos desprestigiar al periodismo de investigación que “obligó” a los Tribunales a poner en marcha aquellos procesos al revelar complejas tramas de corrupción. No es casual que los populismos que impulsan el lawfare –ahora para evadir la Justicia- sean los mismos que durante más de una década promovieron en la región leyes de medios, propaganda militante disfrazada de comunicación social y nuevos delitos como el linchamiento mediático, entre otras invenciones que están desmantelándose en la mayoría de los países.

La difamación y el hostigamiento públicos contra el periodismo de investigación –que fue y es característica en esos regímenes y que en nuestro país tuvo su modelo fast food en el programa “678” por la TV Pública- derivó en persecución judicial con un leading case, el caso de Daniel Santoro. A ese gravísimo proceso –aún activo cual espada de Damocles sobre la profesión- se sumaron crecientes amenazas públicas contra los periodistas que en los últimos 15 años alumbraron las raíces, los mecanismos y las maquinarias de la corrupción pública en la Argentina y su entramado internacional. Amenazas que provienen de manera directa desde los propios imputados –empresarios o dirigentes cobijados por el poder-, pero que también surgen de proyectos de ley y declaraciones de funcionarios –lo que les da cierto carácter institucional que no puede dejar de subrayarse-.

Teniendo en cuenta este grave contexto es muy llamativa la actitud de una parte del periodismo profesional que prefiere dejar pasar esa ola como si fuera un aspecto más de la puja política a cubrir cotidianamente. Como si el discurso “lawferista” no tuviera nada que ver con la propia subsistencia del oficio. Esa actitud, que evita involucrarse y es respetable como toda decisión de conciencia, se basa en la supuesta búsqueda de la ecuanimidad, el cuidado del acceso a las fuentes y otros argumentos aparentemente profesionales. Sin embargo, en la profesión periodística la ecuanimidad no es un fin en sí mismo sino solo un camino para llegar a la verdad, o lo que más se acerque a ella. En algunos temas –como los que plantean riesgo institucional- no se puede ser simplemente ecuánime.

La criminalización del oficio periodístico, el temor a dialogar con ciertas fuentes dada la posibilidad de ser procesado, el hostigamiento judicial, económico y propagandístico, las limitaciones a la difusión de información relevante y la atenuación de las responsabilidades penales de los involucrados por la difusión mediática de un caso, entre otras cosas, deteriorarán la calidad del periodismo al desalentar la toma de riesgos por parte de los profesionales y las empresas periodísticas en las que trabajan. Eso tal vez ya esté afectando el acceso de la sociedad a información de interés público verificada, sobre la base de fuentes variadas y chequeadas, y terminará irremediablemente impactando la calidad de la democracia.

El lawfare también es noticia –aunque con altas dosis de fake news- y los periodistas perseguidos son víctimas y por lo tanto protagonistas de esa información. Los ciudadanos tienen derecho a saber de qué se trata, quiénes y por qué lo impulsan, cuáles son sus motivaciones y qué implicancias podría tener su consolidación como argumento jurídico. No podemos ser ingenuos. No debemos mirar para otro lado.

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Debate legal: ¿deben regularse los contenidos digitales?

La sociedad transparente no quiere fake news

Por Alfredo Luenzo

Senador nacional por Chubut del bloque Frente de Todos, periodista,
psicólogo y docente

Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión son tres de los pilares fundamentales de esta democracia que estamos construyendo todos los días en conjunto. Esa estructura tripartita es fundacional. Sin esas tres cosas colaborando en armonía, no estaríamos hablando de un sistema institucional que tenga al Pueblo como sujeto preponderante de la acción de gobierno.

La pandemia también nos ha planteado desafíos en el rol institucional de la información. Y lo ha hecho desde dos planos. En primer lugar, entendiendo que la gestión exitosa de esta emergencia de salud precisa de la participación de toda la ciudadanía. Es una etapa en la que todos estamos colaborando individual y colectivamente. Y en este aspecto, ejerce un papel clave el rol informativo de los medios de comunicación, los periodistas, las entidades intermedias y los líderes de opinión en las plataformas digitales, así como la comunicación institucional de políticas de prevención e higiene.

Por otro lado, estamos frente a una sociedad civil que cumple el aislamiento y que está ávida de información de buena calidad sobre lo que está pasando en materia sanitaria, en lo económico por la caída de sus ingresos, en lo social y quizás también en materia educativa, para garantizar el ciclo lectivo 2020 de sus hijos.

Tenemos una sociedad civil muy atenta, que ejerce el rol de verificar que las medidas que se adopten estén basadas en evidencia sanitaria, como está ocurriendo, y que no haya, por ejemplo, irregularidades en los procedimientos y, sobre todo, que no se confunda el concepto de Estado Presente –que es la gran herramienta que tenemos para enfrentar las consecuencias de esta pandemia-, con algunos ejercicios arbitrarios que se están registrando en un par de distritos, lamentablemente, y sobre los que está tomando intervención la autoridad competente.

Es aquí donde la protección de los principios de transparencia de los datos, acceso a la información pública de los actos de gobierno y la libertad de expresión son indispensables para contribuir a la rendición de cuentas y al debate público. Pero, además, remarco que en este contexto de emergencia sanitaria esos derechos son herramientas troncales para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía que quiere cuidar su salud.

Dicho esto, sin dejar de atender las urgencias que nos plantea la pandemia y con ella la emergencia social, me parece pertinente hacer una reflexión sobre las cuestiones estructurales en materia de los derechos de comunicación que necesita la Argentina y que en estas semanas han quedado expuestas.

Me refiero a cuestiones intrínsecas a la libertad de expresión, la pluralidad y al derecho a la información de la ciudadanía. Hablo de los desafíos que tenemos en materia de infraestructura de telecomunicaciones y que merecen un debate específico; hablo de cómo vamos a solucionar la laguna legal que ha quedado en materia de contenidos de producción nacional y cómo lo vamos a articular con las nuevas plataformas de contenidos audiovisuales, que es hacia donde están migrando las audiencias (esta es una solicitud específica de las universidades, de las sociedades intermedias y del sector audiovisual); y también, por qué no, sobre una materia que parece tabú y que despierta inquietud en algunos sectores, que es el de las redes sociales.

Quiero subrayar esto dado que, cuando hice referencia al concepto de regulación en las redes, algunos sectores malintencionados, con la abierta intención de no habilitar el debate sobre lo que nos está pasando a toda la comunidad con el fenómeno de las fake news y los mensajes virales, salieron a descalificar y tergiversar el espíritu de mi propuesta, que es el de elaborar una agenda en conjunto.

Lo que quiero que quede en claro, tanto por mi exposición anterior como por mi formación profesional, ya que he trabajado en muchos medios de comunicación de la Argentina antes de representar a la Provincia del Chubut en el Senado, es que la libertad de expresión es un derecho humano y por ello no se negocia. Pero la difusión de fake news no es libertad de expresión. Tengamos eso en claro.

Como periodista profesional he realizado mi actividad resguardando los principios de chequeo de fuentes y responsabilidad ulterior en todo aquello que aporté al debate público como noticia: información veraz, comprobada y amparada bajo el secreto profesional. Ese es el concepto que mantienen hoy los periodistas, las entidades intermedias y muchos líderes de opinión en las redes sociales. Y dejo afuera a los usuarios particulares, porque generalmente están en el ámbito de la opinión y eso no es información. Las fake news no son ni información editorial ni son opinión. Las fake news son una mentira con formato informativo para influir en la ciudadanía.

Cuando hablo de regulación, entonces, me refiero a fake news. Cito un ejemplo que tenemos presente: ha quedado muy en claro en esta pandemia la difusión de falsos positivos de COVID-19 en pequeñas comunidades de nuestras provincias argentinas que generaron conmoción. Y esos falsos positivos se difundieron a la población en esquemas virales.

También tenemos presente la difusión de versiones apócrifas del Boletín Oficial que daban cuenta sobre supuestas cuestiones de la cuarentena e inexactitudes sobre las actividades exceptuadas, que generaron confusión en la ciudadanía.

Se trata, en ambos casos de los que podría escribir dos páginas, de fake news con objetivos proselitistas, que hacen el juego a intereses sectoriales. Seamos claros en esto: no es un error de chequeo de fuentes, sino mentiras manifiestas.

Y a la situación de las fake news, hay que sumar las expresiones discriminatorias de todo tipo y la proliferación de videos de la intimidad, y hacer referencia a la necesidad de proteger a los menores, que también hacen ejercicio de las redes, y a la de asegurar el respeto a la propiedad intelectual. Todos estos elementos hoy están en una laguna legal, pero que en el caso de los medios de comunicación sí están regulados y eso en nada ha dificultado su rol institucional. Por el contrario, lo ha fortalecido.

En ese marco, es que invito a que demos un debate en términos de protección de derechos en el ámbito de las plataformas y redes sociales, porque la autorregulación no está llegando y, cuando lo hace, llega tarde. Por ejemplo, el caso de la empresa más conocida de mensajería instantánea que ha limitado la posibilidad de reenviar contenido en forma masiva. Es un caso testigo: las propias plataformas reconocen que el fenómeno de las fake news es preocupante a nivel global.

No es regular para cercenar, es garantizar el derecho a la información.

Por sus características, las redes sociales tienen una función institucional fundamental por su instantaneidad, porque facilitan el acceso a la información de amplios sectores sociales, porque en ellas se publica la información institucional necesaria, se mejora el acceso al contenido cultural e, incluso, han permitido saltar “cerrojos informativos” en algunos países asiáticos.

¿Por qué entonces me refiero a legislar? Porque solo la política pública puede atenuar las asimetrías manifiestas.

Por ello, también creo que debemos debatir si las grandes plataformas no podrían acompañar con un reconocimiento económico a nuestras empresas periodísticas que enfrentan una situación muy crítica.

Y seamos claros acá: las plataformas utilizan gran parte del contenido periodístico realizado por los profesionales de los medios para incorporarlo dentro de los servicios que brindan a sus clientes corporativos o particulares independientes.

Si las plataformas obtienen ganancias a partir de la propiedad intelectual de un periodista profesional o de un medio de comunicación, ¿no sería razonable que abonaran un fee a los medios por cada información que citan en sus canales o alertas de noticias?

Eso ya sucede en Francia, Gran Bretaña y España. ¿Por qué la Argentina no puede debatir el tema en ese mismo sentido?

La sociedad transparente no quiere fake news. Exige más información veraz. Quiere noticias.

Libertad de expresión: un concepto vivo y en constante evolución

Por Waldo Wolff

Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque Juntos por el Cambio, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados

Existen muchos adagios y aforismos sobre la libertad de expresión. En el siglo XVIII, Thomas Jefferson dijo: “Si yo tuviera que decidir entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo segundo”. Del otro lado del Atlántico, en la misma época, hay una frase que se le atribuye a Voltaire: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Podrán ser exageradamente dramáticas, pero estas afirmaciones ilustran muy bien sobre la importancia de la libertad de expresión. Es uno de los más básicos derechos humanos y la piedra basal de una democracia. Es por eso que el propio Jefferson agregaba: “Nuestra libertad depende de la libertad de prensa, y esta no puede limitarse sin perderse”.

Más adelante en el tiempo, hasta el padre del psicoanálisis tuvo algo para decir: “La humanidad progresa. Hoy solamente queman mis libros. Siglos atrás me hubieran quemado a mí”, sostuvo mordazmente Sigmund Freud. Y apenas años más tarde el genial George Orwell, el implacable crítico de los totalitarismos, señaló con acierto: “Libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír”. Algo de eso ya había insinuado décadas atrás el noruego Henrik Ibsen en su obra Un enemigo del pueblo.

Entre nosotros, el presidente Arturo Illia proclamó en su momento: “Jamás acepten los jóvenes que les cercenen el más importante de los derechos que tiene el ser humano, que es la libertad de pensar”. Y el gran Domingo Faustino Sarmiento dijo no solo que las ideas no se mataban; también señaló: “No puede haber libertad civil sin absoluta libertad de imprenta”.

La libertad de expresión es un concepto vivo y en constante evolución. Comenzó siendo un principio limitado a no censurar previamente a un escritor en materias más bien políticas. Nuestra Constitución Nacional de 1853 hablaba explícitamente de “publicar ideas” por medio “de la prensa” y menciona que el Congreso no dictará normas que restrinjan la libertad “de imprenta”. Pero nada se decía de la literatura, el teatro o los actos públicos. Ni tampoco de eventuales “censuras posteriores”.

Con el tiempo se asumió que esa libertad se extiende a todos los medios, no se circunscribe a cuestiones políticas y que la censura puede ser tanto previa como ulterior.

La propia Constitución tenía la respuesta en su artículo 33: “Las declaraciones, derechos y garantías (…) no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”. Allí está todo.

Con posterioridad, la “prensa” pasó a ser también la radio, el cine y la TV y surgió el concepto de medios de comunicación masiva. La telegrafía y la telefonía pasaron a ser las telecomunicaciones, que luego también incluyeron la transmisión de datos y las computadoras, dando origen a Internet: el medio que maridó la comunicación masiva con las telecomunicaciones punto a punto. Llegamos así a nuestra era de convergencia comunicacional.

La prensa papel se convierte en un medio digital y los flujos de sonidos e imágenes en Internet equivalen a la radio, la TV o el cine. En ese mundo online existe sobre todo la interactividad, expresada en forma superlativa ―con lo bueno y lo malo-, a través de las redes sociales.

Los países democráticos han reconocido desde hace muchos años tanto la libertad de expresión como la libertad de fundar un medio, configurándose sistemas de comunicación con un grado de variedad que permiten dar lugar a comunicadores y periodistas con distintos puntos de vista y ofrecerlos a las audiencias.

Así, puede decirse que la libertad de expresión de cada comunicador y periodista es el correlato de la libertad de información y de elección de cada integrante de las audiencias.

Pero ya no se trata de una persona que consume pasivamente un medio y que lee el diario o absorbe un programa de TV sin comentarlo con nadie. Ahora toda persona con una computadora o un teléfono celular es, a la vez, emisor y receptor con alcance mundial en un mundo donde ya no existen los límites del papel, ni la escasez de frecuencias. Solo el tiempo disponible y la interacción múltiple de millones de personas marcan los límites actuales para comunicar.

Es cierto que en este entorno de multiplicidad y hasta de cacofonía de mensajes, las fuentes de información de confianza y el trabajo del periodismo profesional y creíble seguirán teniendo una importancia clave. Serán contrapesos para no sucumbir ante las fake news, los rumores, las campañas interesadas y las operaciones.

Sin embargo, no cabe duda de que hoy la libertad de expresión debe cubrir todos los medios y plataformas. Ahora bien, la pregunta, ya bastante adentrados en el siglo XXI, es ¿qué es libertad de expresión en 2020?

Por supuesto, hay un trío de conceptos clásicos que mantienen todo su vigor:

1) No debe haber censura previa por medidas coercitivas de gobierno.

2) No debe haber delitos de prensa per se, sino delitos que se cometen a través de la prensa.

3) No deben regularse los contenidos de la comunicación.

Las violaciones a esos principios, muy comunes en la Argentina antes de 1983 y en muchos lugares del mundo hasta hace unos años, han quedado atrás debido a su carácter burdo y abiertamente autoritario. Sin embargo, pueden renacer camufladas en regulaciones de nuevas plataformas que no se entienden bien. Por eso es indispensable estar atentos frente a las posibles amenazas a la libertad de expresión.

¿Cómo legislar sobre la responsabilidad de plataformas intermediarias en Internet como los buscadores, sitios de streaming o redes sociales? ¿Se los puede o no conminar a eliminar contenidos desde instancias administrativas o aun judiciales cuando existan violaciones a la ley? ¿Y si se trata de delitos inminentes o abusos contra menores? ¿Se puede sancionar a esas plataformas por lo que hagan terceros que usen sus servicios? ¿Puede una red social de uso generalizado, aun siendo una empresa privada, implantar censuras sobre temáticas o palabras? ¿Es legítimo que el gobierno haga “ciberpatrullajes” sobre lo que sus ciudadanos escriban en redes sociales, aunque sea para prevenir supuestos delitos, o se trata de inteligencia política interna?

Todavía hay un debate muy intenso sobre estos puntos y divergencias muy amplias entre especialistas, pero no cabe duda de que hay que estar siempre alertas para combatir la restricción de las libertades. Ya es un lugar común notar que cuando se buscan eliminar las libertades e implantar un régimen autoritario, la primera libertad que cae es la de expresión.

El peligro para la libertad de expresión, sin embargo, viene mayormente por otros lados. Existe lo que distintas ONGs internacionales han llamado “censura sutil” emanada o inducida desde el gobierno de turno o aun de la propia sociedad cuando secunda de una manera mayoritaria y fanática una posición.

El reciente caso de la pandemia del coronavirus brinda un gran ejemplo de la importancia de la libertad de expresión como factor de control y denuncia para corregir inconsistencias. También ofrece un ejemplo de conductas hostiles a esa libertad que aprovechan el momento para repudiarla, silenciar a voces disidentes y crear un clima intimidatorio.

Es posible que en guerras o emergencias extremas algunos derechos y libertades puedan restringirse, siempre en forma acotada y lo más brevemente posible. Pero de seguro que entre esos derechos no debe figurar la libertad de expresión. Precisamente, se trata de una herramienta indispensable para denunciar errores o irregularidades.

Como lo demuestran muchos episodios de la historia argentina, la libertad de expresión es tanto más necesaria cuanto más intensa sea la emergencia. Los gobiernos tienden a acumular más poder en esos momentos y gran parte de la opinión pública tiende a cerrar filas para apoyar el accionar oficial, aunque esto signifique hacer la vista gorda a excesos o abusos.

Durante la pandemia, gracias a la libertad de expresión se detectaron los casos de corrupción y sobreprecios en la compra de alimentos, el desorganizado operativo de jubilados haciendo colas frente a los bancos con un gran riesgo de difusión del virus en un grupo vulnerable. También se informó debidamente sobre las precauciones a tomar y se instaló un debate apropiado acerca de la conveniencia de equilibrar las restricciones sanitarias con evitar el desmoronamiento de la economía.

Gracias a esa libertad de expresión se conoció el caso de vecinos que amenazaban a médicos o trabajadores de la salud a no volver a sus departamentos para evitar supuestos contagios en los edificios.

En cambio, una parte de la opinión pública vio en la emergencia un motivo para impulsar el pensamiento único o la corrección política, la nueva modalidad contemporánea de la censura en modo “ambiental” y que puede venir o no de esferas oficiales. Así, se descalificó o se avaló la descalificación de periodistas, dirigentes políticos o economistas que tenían posiciones discordantes acerca del alcance y la prolongación de las medidas tomadas. Precisamente porque decían cosas que algunos no querían oír.

Hoy las restricciones (incluyendo el acallamiento de voces críticas por acción de gobierno o por presión de parte de la opinión pública) se revelan claramente como perjudiciales e inconvenientes. No hacen más que debilitar al gobierno y la población de un país cuando justamente se la necesita más alerta, informada y crítica ante esta clase de situaciones límite, como bien se ha podido ver durante esta pandemia.

Este es el valor de la libertad de expresión. Aunque a algunos les parezca un “valor burgués” del siglo XIX, un principio de tiempos de papel y de discursos en tribunas, es un principio que se agiganta, se complejiza y se fortalece, incluso en medio de las nuevas plataformas y tecnologías y en medio de guerras, pandemias o conmociones. En suma, es un principio que nunca pasa de moda.

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Medios pequeños e hiperlocales: el desafío de tener voz propia

Derecho a la comunicación, medios comunitarios y sus trabajadores/as

Por María Soledad Segura

Profesora de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET.

Los medios comunitarios, alternativos y populares son relevantes a nivel comunicacional, por un lado, porque ponen en agenda sujetos invisibilizados, voces silenciadas, temas ocultados, menospreciados o estigmatizados, de modo que garantizan su derecho a comunicarse, a aparecer en el espacio público mediatizado y presentar sus demandas y propuestas. Y de modo complementario, en el plano colectivo porque le garantizan al resto de la sociedad el acceso a esta información y contribuyen, por lo tanto, a asegurar la diversidad y el pluralismo mediático. Así lo indican los estándares internacionales de derechos humanos de ONU, OEA, OSCE y CADHP (2007).

En segundo lugar, a nivel político son cruciales porque contribuyen a la organización y movilización de esos sujetos en búsqueda de mejores condiciones de vida y mayor justicia social. Por otro lado, a nivel social, porque para que haya democracia, justicia y equidad es necesario que las voces de todos los sectores sociales, económicos, culturales, de género, generación, políticos, religiosos, geográficos, etcétera, sean escuchadas para que sus necesidades, demandas y propuestas sean conocidas, como indican filósofos políticos como Fraser (2006).

En tercer lugar, son también importantes a nivel económico, porque dinamizan las economías locales al generar numerosas fuentes de trabajo –como mostramos más adelante-, movilizan recursos por la compra o alquiler de infraestructura, equipamiento e insumos, dan publicidad a comercios de la zona, cooperativas y emprendimientos de la economía social, y motorizan trueques y préstamos.

Medios comunitarios en Argentina

En un relevamiento realizado junto con Linares, Espada, Longo, Hidalgo, Traversaro y Vinelli (2018), en junio de 2018 en el país se registraban operativas 215 radios y televisoras comunitarias –según la definición del artículo 4 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-.

Las más antiguas datan de la primavera democrática y tienen más de 30 años de funcionamiento. La mayoría de las que están actualmente en funcionamiento (el 68%) surgió durante el proceso de debate público, sanción e implementación de la Ley Audiovisual, desde 2008. Las demás se pusieron en funcionamiento entre 1980 y 2007, durante la vigencia de la antigua Ley de Radiodifusión. Esta correlación destaca la relevancia de las políticas públicas de legalización y fomento para el desarrollo del sector.

La mayor parte de las radios y televisoras comunitarias actualmente operativas de Argentina están presentes en todas las provincias del país, lo que pone de manifiesto su federalismo y extensión. No obstante, el 51% se concentra en las regiones Metropolitana y Centro. Tienen una presencia media en las regiones Noroeste y Patagonia; y baja en las regiones de Cuyo y Noreste; lo que muestra su centralización en las zonas de mayor densidad poblacional, Producto Bruto Interno y cercanía con los centros de poder político.

Prácticamente la totalidad son radios: 207 (96%) y sólo hay 8 televisoras (4%), lo que se comprende por la mayor complejidad técnica y costo económico de los equipos de televisión.

Trabajadores de la comunicación comunitaria

Según un relevamiento realizado por Bilbao y De Toni (2020), en 2019 se registraron 219 trabajadores en las 28 radios FM y 1 televisión comunitarias de la provincia de Córdoba, contando sólo a quienes se ocupan del sostenimiento cotidiano de la emisora (producción y gestión institucional y económica). Según estimaciones del gremio de prensa provincial, el CISPREN, en Córdoba hay entre 2500 y 3000 trabajadores de prensa, por lo que los de emisoras comunitarias alcanzarían aproximadamente el 10% del total de los trabajadores de medios de la provincia.

En la mayoría de los medios cordobeses del sector social (61%) hay entre 5 y 15 trabajadores. Si extendemos esta media de 10 trabajadores a las 215 emisoras comunitarias del país, se podrían estimar unos 2150 trabajadores en las radios y televisoras comunitarias del país.

Se registra una participación equitativa de varones (52%) y mujeres (48%). Sin embargo, más mujeres se encargan de las tareas menos apreciadas: administrativas y de gestión de recursos. Sus edades van de los 18 a los 80 años, aunque la mayoría tiene entre 20 y 50.

El 72% recibe una retribución por su trabajo. Estas retribuciones son bajas: de entre $3000 que se percibe en una cooperativa y $8500 que es el monto del Salario Social Complementario, muy por debajo de los $38960 de la canasta básica definida por el INDEC en diciembre de 2019 para una familia tipo. Por lo tanto, casi todos (el 95%) tienen pluriempleos.

Su formación es alta: casi todos (el 85%) tienen estudios universitarios finalizados, la mayoría en carreras vinculadas a Comunicación Social y Periodismo.

Su papel durante la pandemia

En tiempos excepcionales como los impuestos por el avance de la primera pandemia global y la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesta por el gobierno nacional, los medios comunitarios muestran una vez más la relevancia de su rol porque están cerca de sus comunidades, conocen a sus organizaciones e instituciones, saben de sus necesidades y posibilidades, y están colaborando, por lo tanto, no sólo a transmitir información y los mensajes de prevención, sino que también se han sumado a la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y los medios públicos para llevar el material educativo de todos los niveles a los niños, niñas y adolescentes del país que no tienen acceso a internet y ni siquiera a los medios públicos; y, sobre todo, contribuyen fuertemente a fortalecer el lazo social, fomentar la solidaridad y promover el respeto a los derechos humanos y la democracia, aspectos igualmente cruciales para salir de esta coyuntura crítica.

Libertad de prensa en medios hiperlocales

Por Mariana Muriel Fernández

Fundadora y Directora de Diario Andino, y miembro de la Comisión Directiva de FOPEA

Hay dos variables que se cruzan todo el tiempo en el pequeño universo de los diarios hiperlocales: la dimensión personal y el factor económico.

Los medios hiperlocales tienen un vínculo muy estrecho con la comunidad. No solo por el criterio de proximidad que se impone en la elección de noticias y en la agenda, sino también por el nivel de involucramiento del periodista en esa comunidad que, en definitiva, es su público objetivo. Gran parte de los actores de las noticias son personas que el periodista conoce y con las que interactúa a diario: es el padre de un compañero de la escuela de su hijo, un amigo, un vecino, el dueño del almacén.

Ese vínculo personal con la realidad sobre la que informa se transforma en una carga inevitable que lo pone a prueba todo el tiempo. Una nota sobre el uso irregular de fondos públicos –una situación que seguramente se repite en todos los municipios del país- perjudicará el contrato de un vecino, un amigo, un comerciante conocido, o complicará al intendente, cuyo hijo es íntimo amigo del suyo.

Suponiendo que el periodista hace su trabajo a conciencia y pone el interés público por sobre el resto, deberá afrontar consecuencias a nivel personal y profesional: el vecino con el que antes intercambiaba charlas o se prestaban herramientas no lo saludará más, el amigo se sentirá traicionado y el intendente le quitará la publicidad oficial a su medio, un aporte que representaba el 50% de sus ingresos.

En ese contexto de presiones que actúan a distintos niveles, ¿cómo se ejerce un buen periodismo?

Dependerá de la capacidad y la valentía del periodista para poder sortear y asumir las consecuencias. En el plano económico es muy común que los periodistas –algunos de ellos, dueños de pequeños medios-, realicen trabajos paralelos que muchas veces no tienen que ver con la profesión.

La publicidad oficial

En el país y más en las provincias alejadas de la Capital Federal, la discrecionalidad del Estado en el otorgamiento de la publicidad oficial es el “Talón de Aquiles” de la Libertad de Expresión.

El cierre de corresponsalías de los grandes medios regionales y nacionales generó un vacío “informativo” que comenzaron a cubrir los medios hiperlocales. De esta manera, el pequeño diario del interior pasó a cumplir un rol clave en las comunidades al darles voz a los vecinos y ejercer el control del Estado. No obstante, para que esa función esencial del periodismo de informar con libertad no se vea amenazada por el sistema de premios y castigos que el poder regula discrecionalmente a través de la pauta publicitaria, es necesario establecer criterios de asignación de esos fondos que trasciendan a los gobiernos. Es decir, debe hacerse por ley.

En localidades de pocos habitantes, el mercado publicitario es acotado y, ante la sobreoferta de medios (hay pueblos con diez emisoras de radio y cuatro diarios digitales), la pauta oficial de los gobiernos provinciales y municipales es imprescindible. La dependencia es tan grande que, en el caso de las provincias con partidos gobernantes hegemónicos (que han gobernado 50 años), muchos medios chicos y medianos se transforman en un eco de la voz oficial. Incluso hay medios que nacieron solo para obtener la publicidad oficial, y son un “copie y pegue” de gacetillas del poder político.

En ese coro de ecos, la crítica se paga cara y puede terminar con la vida de un medio. El contexto actual de “sálvese quien pueda”, y la caída paulatina de los grandes medios con mayor margen de maniobra no deja mucho lugar para el periodismo libre y sin condicionamientos.

Sin duda, una distribución equitativa y transparente de la pauta oficial, definida por ley y no por el gobierno de turno, podría marcar la diferencia y garantizar la existencia de medios independientes y sustentables, imprescindibles en un sistema republicano.

San Luis: Mensaje único,
el bien preciado

Por Pablo Oro

Periodista y profesor de la Universidad Nacional de San Luis

Como bien lo ha relatado en cada oportunidad en que mi colega y amigo Oscar Flores fue consultado para el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, San Luis afronta desde 1983 una situación política e institucional que la hacen única en el país: con un único color político desde el regreso de la democracia a la fecha, solamente cuatro gobernadores (dos hermanos), indicadores de baja calidad institucional, un fuerte control de los medios de comunicación entre gubernamentales, propios y acólitos, la libertad de prensa en San Luis fue claramente afectada.

Algunas dificultades para la prensa puntana son históricas, como la imposibilidad de acceder a información pública del Estado Provincial, sea como periodista o como simple ciudadano. A pesar de estar vigente desde 2016 una Ley de Acceso a la Información Pública, en la práctica no funciona y existen múltiples obstáculos.

La dependencia de la publicidad oficial en la gran mayoría de los medios de comunicación sanluiseños es vital. Sus costos de mantenimiento, incluidos los “honorarios” de los periodistas, se cubren con esos ingresos ante la falta de anunciantes privados. Los comunicadores, salvo pocas excepciones, se encuentran en la informalidad o simplemente son monotributistas.

Esa presión de los medios para “mantener la pauta” se traslada a los comunicadores a fin de “cuidarse de no criticar al gobierno”. Aun así, como sucedió en los primeros meses de 2020, el gobierno puede demorar los pagos hasta tres o cuatro meses, sin explicación alguna. Aquí vale otra aclaración: un gran porcentaje de medios queda sin pauta al finalizar cada año hasta marzo o abril del año siguiente. En ese sentido, hay que mencionar también que no todos los medios califican para tenerla: los pocos críticos al gobierno provincial, descalificados como “opositores”, pueden dar fe de ello.

En diciembre de 2018, durante el tercer mandato del gobernador Alberto Rodríguez Saá, casi 40 periodistas de San Luis escribieron una carta dirigida a su hijo, el Secretario General de la Gobernación, para manifestar descontento por la selectividad que tenía el gobierno para las invitaciones a conferencias de prensa. En aquel texto, que también se hizo público por los comunicadores, se reclamaba además “falta de profesionalismo y de rigor en la transmisión de las informaciones oficiales” a través de la Agencia de Noticias San Luis, la entidad gubernamental de prensa creada por el gobierno del hoy opositor Claudio Poggi (2011-2015), y que mantuvo luego Rodríguez Saá para reforzar el mensaje desde el gobierno a los medios locales. 

En aquella misiva los periodistas denunciaban “situaciones inadmisibles” en las que los funcionarios debían ser “autorizados” por los responsables de prensa ministeriales para realizar declaraciones de algún tipo lo que constituía “un mero impedimento para el libre trabajo del periodismo, para la exclusión inopinada de medios y trabajadores de prensa. No hay nota, no hay información, no hay datos, no hay acceso a lo público para periodistas que no gozan del favor de determinados ministros y/o sus jefes de Prensa”, expresaba la carta.

La situación a la actualidad no cambió. El obstáculo para acceder a declaraciones de los funcionarios provinciales continúa, pero además con doble filtro. El jefe de prensa de cada ministerio debe tener el “ok” del secretario de medios de la Provincia para las autorizaciones.

Tampoco se modificó lo referido a conferencias de prensa. Salvo contadas excepciones, desde 2019 los encuentros con periodistas fueron mutando a transmisiones vía streaming a través de los canales oficiales en Youtube y redes sociales, obviamente, sin la posibilidad de hacer preguntas.

Hay un dato positivo. En la última década, gracias al advenimiento de los medios digitales y fundamentalmente al crecimiento de las redes sociales, consideradas por algunos autores como los nuevos medios de comunicación, creció la circulación de voces disonantes al discurso oficial. No fue por un cambio de actitud de las autoridades provinciales, sino más bien por las modificaciones en el ecosistema mediático. Claro que también se multiplicó la cantidad de sitios web o fanpages “informativos” que sólo replican noticias emanadas de la agencia informativa gubernamental.

4
Informe del Monitoreo de libertad de expresión 2019

SOBRE EL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA ARGENTINA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

• Analizar e intervenir ante ataques a la libertad de expresión y asistir a quienes sean víctimas de diferentes tipos de censura

• Establecer una red federal de periodistas que detecte e investigue casos de violaciones a la libertad de expresión

• Elaborar un registro de los casos observados para identificar obstáculos sistemáticos al ejercicio de este derecho

• Trabajar con otras organizaciones o individuos para formular iniciativas de orden público en el área de la libertad de la expresión

• Generar reflexión y posturas éticas en los profesionales de los medios, dueños de medios e integrantes de la sociedad, especialmente autoridades públicas, empresarios, dirigentes políticos y sindicales, tendiente a crear un clima de tolerancia y respeto a la tarea periodística, aceptando la normal tensión generada por la crítica, revelaciones incómodas o preguntas irritantes.

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA inició su trabajo en 2008 y se enmarca en del Programa de Libertad de Expresión de FOPEA que tiene por fin detectar las limitaciones a la libertad de expresión desde aquellas directas y evidentes (agresiones físicas, amenazas, etc.), como así también las más sutiles.

Entre sus áreas de trabajo busca analizar e intervenir ante ataques a la libertad de expresión y asistir a quienes sean víctimas de diferentes tipos de censura; establecer una red federal de periodistas que detecte e investigue casos de violaciones a la libertad de expresión; elaborar un registro de los casos observados para identificar obstáculos sistemáticos al ejercicio de este derecho y trabajar con otras organizaciones o individuos para formular iniciativas de orden público en el área de la libertad de la expresión.

Asimismo, nuestra organización es consciente de que muchos casos en los que los periodistas son víctimas de ataques a la libertad de expresión por parte de gobiernos, organizaciones o privados, no son difundidos precisamente por temor a represalias comerciales, laborales o físicas. Ayudar a vencer esas barreras es un objetivo central del Monitoreo. El programa es federal, busca atender casos que ocurren en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños de todo el país.

EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Comisión de Libertad de Expresión:

Fernando Stanich, Mariana Muriel Fernández y Diego Granda

Grupo de Trabajo Monitoreo:

Julio Rodríguez, Alfredo Zacarías, Mariela Arias y Verónica Toller

Red de corresponsales del programa:

FOPEA está organizado en una red de monitores en las provincias argentinas para que la acción sea inmediata y efectiva.

• Buenos Aires, Conurbano Oeste: Alejandro Suárez

• Buenos Aires, Zona Sur: Sandra Crucianelli y Gabriel Bermúdez

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Matías Longoni y David Haskel

• Chaco: Marco Fernández Leyes

• Chubut: Paula Moreno

• Corrientes: Judith Córdoba

• Entre Ríos: Veronica Toller

• Formosa: Diego Madoery

• Jujuy: Cecilia Ibáñez

• La Pampa: Gustavo Laurnagaray

• La Rioja: Julio Aiub Morales

• Mar del Plata: Gabriel Viñals

• Mendoza: Alejandro Costanzo

• Misiones: Amílcar Berón

• Neuquén: Mariana Muriel Fernández

• Río Negro: Alicia Miller, Diego Von Sprecher y Luis Leiva

• Rosario: Juan Roberto Mascardi

• Salta: Martín Rodríguez De La Vega

• San Luis: Oscar Ángel Flores

• Santa Cruz: Mariela Arias

• Santiago del Estero: Julio Rodríguez

• Tucumán: Fernando Stanich

Comunicación general del Monitoreo de Libertad de Expresión y producción del Informe 2019: Florencia Grillo

Estamos a tiempo de evitar el derrumbe

Por Fernando Stanich

Editor del diario La Gaceta de Tucumán y miembro de la Comisión Directiva de FOPEA

El mundo, tal cual lo conocíamos, se cayó a pedazos. Como las fichas de un dominó, unos fueron empujando a otros a la velocidad impuesta por el coronavirus. Sin aviso previo y sin tiempo para esbozar una defensa, la angustia, el miedo y la incertidumbre se adueñaron de sociedades completas. Y ese ataque, que no distinguió de razas ni de estratos sociales, amenaza ahora al periodismo.

Este informe llega en un momento inédito. A la recurrente preocupación por los ataques a la libertad de expresión, ahora se suma el pánico por la pérdida de las fuentes de trabajo. Redacciones consolidadas durante años han anunciado despidos, recortes de sueldo y planes de contingencia. Los periodistas emprendedores, los free lance y aquellos cooperativistas deben lidiar con la incertidumbre de no saber cuándo podrán recibir alguna paga por su trabajo.

La paradoja es que, mientras el modelo de negocio se destroza, se observan niveles de tráfico y de audiencia como nunca antes. Los reportes estadísticos dan cuenta de que la sociedad demanda información y que, para eso, recurre al periodismo profesional, en quien ha vuelto a confiar. ¿Cómo cumplir, entonces, con nuestra responsabilidad social en estas condiciones? Ocurre que los condicionamientos económicos, sin lugar a dudas, representan uno de los más antiguos ataques a la libertad de prensa. Sin medios ni periodistas económicamente solventes, difícilmente una sociedad pueda ejercer su derecho a estar informada.

Hoy, la necesidad de que exista un periodismo vigoroso es indiscutible. Más que nunca, la información veraz y completa se ha convertido en un servicio público de primerísima necesidad. Los televidentes, los oyentes y los lectores buscan datos fiables y reclaman respuestas a los periodistas. En una crisis sin precedentes y con un Estado democrático inclinado en demasía sobre uno de sus tres poderes (el Ejecutivo), más trascendente es que el periodismo tenga plena libertad para ejercer su rol de control. Frente a la desinformación y a la censura estatal, mayor debe ser el peso de la prensa libre e independiente.

Es una de las preocupaciones centrales de FOPEA en este contexto hostil para el desarrollo profesional. Y el Monitoreo de la Libertad de Expresión constituye una pieza clave para contar con una radiografía certera de lo que ocurre en el país. Los monitores, que trabajan en sus territorios como médicos de guardia, recogieron el año pasado 58 denuncias de ataques a la libertad de expresión, lo que representa un 13,7% más que en 2018. De ese total, casi una decena están vinculados a los diferentes tipos de censura y al uso abusivo del poder estatal. El informe precisa que se mantuvieron los conflictos relacionados al vínculo laboral de los periodistas. Y puso en evidencia que la crisis en los medios impacta en la labor periodística y en la libertad de expresión.

Con ese preludio, no es descabellado pensar que en el corto plazo los mayores conflictos se centren en las condiciones laborales. Y en que la presión económica condicione aún más el desarrollo profesional. Como alertó FOPEA en su declaración del 1 de mayo de 2020, la democracia retrocede sin trabajo y libertad para el ejercicio del periodismo. Es claro que la crisis mundial pone en riesgo el respeto por muchas libertades, especialmente la de expresión. Lo difícil es pronosticar cuánto costará restaurar un derecho cercenado.

La importancia de una defensa regional de la Libertad de Expresión

Por Alfredo Zacarías

Editor General del Diario La República y miembro de FOPEA

La lucha por la libertad de expresión excede las fronteras. Hoy no solo la Argentina, sino gran cantidad de países ven asomarse peligrosas sombras sobre ese derecho que va mucho más allá del trabajo de la prensa; pero centrémonos en la labor del periodismo únicamente. Ese periodismo puesto bajo la lupa no siempre justa y casi siempre interesada o a conveniencia de los intereses políticos.

América Latina es un buen ejemplo. La prensa es tomada con agrado o no, según si beneficia o no a un determinado poder. Dicho en claro castellano, si la prensa habla bien de un poder es buena, libre, objetiva e independiente, obviamente para ese poder, mientras que para el resto es cooptada, vendida, militante y mentirosa. Esto sucede, convengamos, a ambas orillas del río.

En nuestro continente tenemos presidentes de todos los colores políticos peleándose con la prensa de forma casi diaria. Desde Brasil a Nicaragua y de Bolivia a Venezuela. Tal vez el problema sea que los periodistas estamos en este mundo para comprometernos con buscar la verdad, para pisar los callos de los poderosos o los con poder, algo que a estos sectores puede no gustarle, pero redunda para las sociedades en grandes beneficios no siempre dimensionados correctamente y mucho menos reconocidos.

Los problemas de libertad de expresión son comunes a lo largo de todo el continente para los periodistas. Con matices, con algunos grados más de violencia en algunos lugares que en otros, pero todos atravesados por un denominador común: el enojo de los poderosos, los que manejan los hilos del poder, incluso del poder no siempre legal.

En 2018 surgió como un muro más a esos atropellos de todos colores a la libertad de expresión Voces del Sur, un proyecto regional que agrupa a 10 organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión en: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Brasil. FOPEA es orgullosamente parte de esa organización.

El objetivo primordial es aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil para salvaguardar las libertades de expresión y prensa, y establecer en conjunto nuevos mecanismos de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

Fundamedios de Ecuador, los Institutos de Prensa y Sociedad de Perú y Venezuela, la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, el Comité por la Libre Expresión de Honduras, el Centro de Archivos y Acceso a la Información de Uruguay, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua, el Instituto Demos de Guatemala y la Asociación de Periodismo Investigativo de Brasil forman junto a FOPEA la iniciativa que monitorea y reporta las agresiones contra la libertad de expresión con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas relacionados con la libre expresión y el acceso a la información y que buscan, en definitiva, promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas a través de la construcción de instituciones efectivas y responsables en todos los niveles.

Una herramienta sin duda poderosa, porque constituye ya no solo voces o reclamos aislados, sino un muro sólido de defensa de la libertad de expresión en el continente. Un muro desde el que las voces se amplifican y dan un respaldo al trabajo de la prensa, una tarea que en América Latina ha costado la vida de cientos de colegas en distintos países desde México a Paraguay pasando por Brasil, Ecuador o Colombia.

De ahí la necesidad de defender esta iniciativa y promover su ampliación incorporando a organizaciones de otros países. En 2018, en América Latina se registraron 734 casos de ataques directos a la libertad de expresión de periodistas, y entre ellos se cuentan asesinatos, secuestros, torturas, restricciones y otros tipos de agresiones no solo físicas.

Durante 2019, Voces del Sur, debido a la profundización del monitoreo y a la unificación de los patrones de casos entre las distintas organizaciones que la componen, ha logrado registrar un incremento monstruoso respecto al año anterior: alrededor de 1500 casos más que en 2018. En tanto que solamente en enero de 2020 se han contabilizado 38 ataques, lo que habla a las claras de que la tendencia no cambia. Se profundiza.

Hay que considerar además que ningún monitoreo logra registrar la totalidad de los casos que se producen en países tan grandes, mucho menos esto es posible a nivel continental, lo que significa que los casos seguramente son más de los que se logran detectar y en los que se puede intervenir para respaldar al periodista víctima.

La unidad de las organizaciones civiles es la clave para reducir los niveles de ataques a la libertad de expresión en América Latina. Más allá de ideologías políticas y de la legalidad de los poderes, para ninguno será tan fácil atacar a un periodista si saben que desde el continente entero estaremos ahí para defender sus derechos profesionales y los derechos de la sociedad a saber la verdad, porque unidos, todos juntos, gritamos mucho más fuerte. Los más de 2000 ataques de 2019 lo justifican.

RESUMEN DE DATOS - INFORME 2019

CASOS REGISTRADOS POR EL MONITOREO

DURANTE 2019 EL MONITOREO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE FOPEA REGISTRÓ 58 ATAQUES.

CLASIFICACIÓN PRINCIPAL DEL CASO

CLASIFICACIÓN PRINCIPAL DEL CASO

Porcentaje

Cantidad

Agresiones físicas/psíquicas/materiales

74,14%

43

Censura Interna

1,72%

1

Uso abusivo del poder Estatal

8,62%

5

Censura previa

3,45%

2

Agresiones con el uso de las normas vigentes

5,17%

3

Acceso a la Información Pública

1,72%

1

Impunidad

1,72%

1

Incidentes

1,72%

1

CASO POSITIVO

1,72%

1

TOTAL

100,00%

58

CLASIFICACIÓN PARTICULAR DEL CASO

Clasificación particular del caso

Cantidad

Porcentaje

Ataques a la integridad del periodista

40

68,97%

Ataques contra los bienes del periodista

3

5,17%

De las agencias y funciones estatales relacionadas con los medios de comunicación

3

5,17%

De las agencias y funciones estatales no relacionadas directamente con los medios de comunicación

2

3,45%

Censura previa

2

3,45%

Acciones legales

2

3,45%

Acciones administrativas

1

1,72%

Mala praxis judicial que produce impunidad para los agresores a la libertad de expresión (puede ser inacción o acción).

1

1,72%

Incidentes

1

1,72%

Evidente censura de temas de interés público por presión de directivos/accionistas.

1

1,72%

Limitaciones de hecho a la cobertura de asuntos de interés públicos

1

1,72%

Caso positivo

1

1,72%

TOTAL

58

100,00%

CLASIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL CASO

Clasificación específica del caso

Cantidad

Porcentaje

Intimidación

21

36,21%

Agresión física

15

25,86%

Amenazas de agresión física

4

6,90%

Acciones legales

2

3,45%

De la gestión de medios de comunicación estatales: Utilización sistemática de un medio estatal para agraviar a periodistas y/o medios de comunicación

2

3,45%

De la función policial, militar y de inteligencia: Detenciones arbitrarias.

2

3,45%

Ataque contra sus herramientas de trabajo

1

1,72%

Ataques contra los medios de comunicación

1

1,72%

Incidentes

1

1,72%

Evidente censura de temas de interés público por presión de directivos/accionistas.

1

1,72%

Limitaciones arbitrarias de acceso al lugar

1

1,72%

Del poder discursivo: Campañas de agravios promovidas por grupos oficiales o para oficiales –desde los medios afines, las redes sociales, la vía pública, o cualquier otro medio de comunicación

1

1,72%

Poder Judicial

1

1,72%

Acciones administrativas

1

1,72%

Ciberagresiones

1

1,72%

Mala praxis judicial que produce impunidad para los agresores a la libertad de expresión (puede ser inacción o acción).

1

1,72%

Poder Ejecutivo

1

1,72%

Caso positivo

1

1,72%

TOTAL

58

100,00%

CASOS REGISTRADOS POR MES

POR MES

ENERO

5

FEBRERO

3

MARZO

4

ABRIL

2

MAYO

3

JUNIO

0

JULIO

2

AGOSTO

6

SEPTIEMBRE

4

OCTUBRE

10

NOVIEMBRE

8

DICIEMBRE

11

TOTAL

58

CASOS REGISTRADOS POR UBICACIÓN

UBICACIÓN

CABA

23

Capital Provincial

16

Localidad del Interior

17

Exterior

2

TOTAL

58

CASOS REGISTRADOS POR DISTRITO/ PROVINCIA

DISTRITO / PROVINCIA

Buenos Aires

4

CABA

23

Catamarca

0

Chaco

0

Chubut

1

Córdoba

4

Corrientes

2

Entre Ríos

2

Exterior

2

Formosa

0

Jujuy

2

La Pampa

0

La Rioja

0

Mendoza

4

Misiones

2

Neuquén

2

Río Negro

1

Salta

1

San Juan

0

San Luis

1

Santa Cruz

0

Santa Fe

4

Santiago del Estero

0

Tierra del Fuego

0

Tucumán

3

TOTAL

58

CASOS REGISTRADOS POR CIUDAD

CIUDAD

CABA

23

Mendoza

4

Córdoba

3

Rosario

3

San Miguel de Tucumán

3

Añelo

1

Bahía Blanca

1

Bariloche

1

Ciudad de La Paz

1

Comodoro Rivadavia

1

Esquina

1

Gualeguaychú

1

Huerta Grande

1

Junín

1

La Cruz

1

Martínez

1

Neuquén

1

Paraná

1

Posadas

1

Quito

1

Reconquista

1

Salta

1

San Luis

1

San Martín

1

San Pedro

1

San Salvador de Jujuy

1

San Vicente

1

TOTAL

58

CASOS REGISTRADOS POR TIPO DE AGRESOR

TIPO DE AGRESOR

Cantidad

Porcentaje

Individuos Activistas. Diversas causas.

11

19%

Individuos. Casos personales.

8

14%

Fuerza pública. Personal Policial

6

10%

Otros. Sin caracterización

5

9%

Legislador nacional

5

9%

Funcionario municipal

4

7%

Desconocido

3

5%

Funcionario provincial

3

5%

Activistas. Militantes políticos

2

3%

Activistas. Manifestantes sindicales

2

3%

Justicia Federal

2

3%

Justicia Provincial

2

3%

Individuos. Casos Personales

1

2%

Dirigente político social

1

2%

Propietario de medio

1

2%

Seguridad privada

1

2%

Legislador provincial

1

2%

TOTAL

58

100%

CASOS REGISTRADOS POR ACTIVIDAD DEL AGREDIDO

ACTIVIDAD DEL AGREDIDO

Cantidad

Porcentaje

Periodista de televisión

35

41%

Camarógrafo

10

12%

Periodista de Medio digital

9

10%

Periodista de radio

7

8%

Periodista de diario

7

8%

Prensa en general

6

7%

Reportero gráfico

6

7%

Empresa de medios

5

6%

Periodista de revista

1

1%

TOTAL

86

100%

CASOS REGISTRADOS POR TIPO DE MEDIO AFECTADO

TIPO DE MEDIO AFECTADO

Televisión

24

38,7%

Diario

13

21,0%

Medio digital

8

12,9%

Radio

7

11,3%

Prensa en general

7

11,3%

Revista

2

3,2%

Otros

1

1,6%

TOTAL

62

100,0%

CASOS REGISTRADOS POR GÉNERO y TIPO DE AGREDIDOS

AGREDIDO

Hombres agredidos

62

72,1%

Mujeres agredidas

13

15,1%

Empresa de medios

5

5,8%

Prensa en general

6

7,0%

TOTAL

86

100,0%

COMPARATIVOS INTERANUALES

COMPARATIVO CANTIDAD DE CASOS POR AÑO: 2008 / 2019

COMPARATIVO CANTIDAD DE CASOS POR MES: 2008 / 2019

COMPARATIVO CANTIDAD DE CASOS POR DISTRITO: 2008 / 2019

ANEXO 1 – Casos de ataques a la libertad de expresión

(Dispuestos en orden cronológico)

1. FOPEA expresa su preocupación por la irregular detención del fotógrafo alemán Stefan Borghardt en los yacimientos de Vaca Muerta

11 de enero de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA expresa su preocupación por la irregular detención del fotógrafo alemán Stefan Borghardt en los yacimientos de Vaca Muerta, provincia de Neuquén.

FOPEA rechaza el accionar de efectivos de la Policía de Neuquén, que además quitaron elementos de trabajo al reportero en la localidad de Añelo, cuando Borghardt fotografiaba el basurero petrolero de la empresa Treater Neuquén S.A.

FOPEA reclama a las autoridades neuquinas garantizar el trabajo de prensa sin censura en los predios donde se desarrolla actividad hidrocarburífera. Y a la Justicia le exigimos que investigue los apremios ilegales denunciados por el fotógrafo alemán.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Neuquén

2. FOPEA rechaza el accionar de la Policía de Salta, que detuvo a la periodista Natalia Fernández

14 de enero de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA rechaza el accionar de la Policía de Salta, que detuvo a la periodista Natalia Fernández, del portal Buufo.

FOPEA reclama a las autoridades de Salta que investigue los hechos, registrados en el marco de un operativo por los festejos del club Juventud Antoniana.

FOPEA lamenta que a pesar de haberse identificado en numerosas oportunidades como periodista, Natalia Fernandez haya terminado detenida. La colega también denunció haber sido golpeada por policías.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Salta

3. FOPEA repudia la violenta agresión contra el Camarógrafo de C5N Mario Ricci por parte de los dueños de la fábrica de galletitas Terepín

18 de enero de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA repudia la violenta agresión contra el Camarógrafo de C5N Mario Ricci por parte de los dueños de la fábrica de galletitas Terepín en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Y se solidariza con el colega agredido.

FOPEA rechaza la violencia con que estos empresarios intentaron impedir a los golpes el trabajo del equipo de C5N, integrado también por Lucila Trujillo, que estaba cubriendo el reclamo de los trabajadores por los problemas económicos y laborales que atraviesan.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Buenos Aires

4. FOPEA denuncia la actitud del intendente de Esquina, Corrientes, Hugo Daniel Benítez

19 de enero de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA denuncia la actitud del intendente de Esquina, Corrientes, Hugo Daniel Benítez, que pretende prohibir a los medios la publicación de noticias relacionadas a material de contenido sexual que lo involucraría y que fue viralizado.

FOPEA entiende que las actitudes como la del intendente Benítez pueden constituir un atentado a la libertad de expresión y un ataque contra el trabajo a la prensa de la ciudad de Esquina.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Corrientes

5. FOPEA reclama a las autoridades judiciales esclarecer el hecho del periodista de Misiones Cuatro, Mario Fedorischack

31 de enero de 2019

FOPEA reclama a las autoridades judiciales esclarecer el hecho en que el periodista de Misiones Cuatro, Mario Fedorischack, fuera brutalmente agredido por el protagonista de un accidente de tránsito cuando tomaba fotos del hecho.

Un joven, acompañado por otro hombre y una mujer, conducía un Volskwagen Bora y chocó a otro vehículo. El conductor estaba totalmente alcoholizado y se dio a la fuga abandonando el auto. Antes de dejar el vehículo, se encontró con Mario Fedorischak, un cronista de MisionesCuatro que realizaba su trabajo cubriendo el hecho vial. Al ver que estaba tomando fotos, el joven golpeó salvajemente al cronista en el rostro.

El movilero sufrió golpes en un ojo y en el pómulo y debió ser hospitalizado. Los tres ocupantes del rodado se dieron a la fuga y cuando llegó la policía al lugar, una joven gitana, Eliana R., dijo que ella estaba conduciendo el vehículo y que huyó del lugar del choque porque sintió miedo. Sin embargo, este relato no se condice con lo que observaron el cronista y otros testigos que observaron el choque y siguieron al joven conductor ebrio.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Misiones

6. FOPEA se solidariza con el reportero gráfico Juan Thomes de Diario Río Negro y repudia la agresión del personal de seguridad de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén

12 de febrero de 2019

FOPEA reclama a las autoridades de la Municipalidad de Neuquén garantizar el libre trabajo de la prensa, impedido ayer durante el evento. El reportero sufrió golpes y empujones cuando cubría un recital en el sector asignado a la prensa.

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA pidió respuestas esta mañana en la Municipalidad de Neuquén, sin ser recibido por funcionarios a cargo del evento.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Neuquén

7. FOPEA repudia la detención de reporteros gráficos por parte de la Policía de la Ciudad

20 de febrero de 2019

FOPEA repudia la detención por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de los reporteros gráficos Bernardino Ávila (Página 12) y Juan Pablo Barrientos (Revista Cítrica) mientras cubrían una marcha de trabajadores de la Cooperativa gráfica Madygraf.

FOPEA exige la inmediata liberación de los fotógrafos que cumplían su misión informativa frente al Congreso Nacional y reclama que las autoridades porteñas supervisen que los policías no restrinjan el trabajo periodístico, ya que eso es un ataque a la Libertad de Expresión.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: CABA

8. FOPEA se solidariza con el colega Marcos Barroca de Todo Noticias quien fue agredido por militantes en una manifestación de los trabajadores de Coca-Cola FEMSA

28 de febrero de 2019

FOPEA exige que se permita el trabajo de cobertura periodística a los cronistas sin que sean víctimas de injustificados ataques por parte de los manifestantes durante movilizaciones públicas.

En este caso FOPEA se solidariza con el colega Marcos Barroca de Todo Noticias quien fue agredido por militantes en una manifestación de los trabajadores de Coca-Cola FEMSA.

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Provincia/Distrito: CABA

9. FOPEA expresó su preocupación por lo ocurrido hoy en Televisión Litoral SA de Rosario cuando la empresa impidió salir al aire a los periodistas Roberto Caferra, Ciro Seisas y Agustín Lago

14 marzo de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA expresó su preocupación por lo ocurrido hoy en Televisión Litoral SA de Rosario cuando la empresa impidió salir al aire a los periodistas Roberto Caferra, Ciro Seisas y Agustín Lago.

Desde el Monitoreo, se contactó a los periodistas, expresando la solidaridad por lo ocurrido. Luego de una reunión entre integrantes del Sindicato de Prensa de Rosario y autoridades de la empresa, se normalizó la situación laboral de los periodistas.

Si bien no se les notificó los motivos de la sanción, la decisión de la empresa se tomó luego de la difusión de un informe relacionado con una reunión mantenida por el falso abogado, Marcelo D’Alessio, y el líder de Los Monos, Ramón Machuca.

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Provincia/Distrito: Rosario

10. FOPEA rechaza el ataque de Elisa Carrió contra un equipo periodístico de C5N

21 marzo de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA rechaza el ataque de Elisa Carrió contra un equipo periodístico de C5N, al que la diputada trató de “delincuentes” en un acto en el Instituto Hannah Arendt y del que , junto a sus seguidores, hizo salir de la sala aunque no del edificio.

FOPEA lamenta que Carrió confunda a los trabajadores de prensa con los dueños de los medios que están involucrados en causas judiciales. Además, nos solidarizamos con los colegas de C5N insultados por la diputada.

FOPEA ve como una contradicción que Carrió haya dicho que “los trabajadores no tienen la culpa” pero que con su acción expulsiva y acusatoria demostró lo contrario, llegando incluso a burlarse de la difícil situación salarial de los empleados de C5N a la salida de la actividad.

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Provincia/Distrito: CABA

11. Prohíben el acceso a los periodistas que aguardaban la llegada de Susana Trimarco al Juzgado Federal N°1 de Tucumán

25 de marzo de 2019

El personal de seguridad del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, a cargo del Juez Daniel Bejas, desalojó del mismo a los periodistas que el día jueves 21 de marzo hacían la guardia periodística aguardando la llegada a ese lugar de la señora Susana Trimarco.

De acuerdo a la situación denunciada ante esta organización por varios colegas (algunos que son socios de nuestra entidad y otros que no lo son), todos periodistas de distintos medios de comunicación de esa provincia y algunos corresponsales de medios nacionales, ese día personal de la Policía Federal les informó en las puertas de Tribunales Federales que no tenían autorización para ingresar al edificio y que la orden le había comunicado a la guardia “por la secretaria del Juez Daniel Bejas”, según informaron.

De acuerdo al relato de los colegas tucumanos, una vez que Susana Trimarco hizo su entrada al edificio, ingresó un grupo de periodistas al 2do. piso a la espera de que la señora subiera por el ascensor, oportunidad en que se presentó en los pasillos la secretaria del juez (que no se identificó con nombre ni apellido) y preguntó a la Policía Federal quién los había dejado pasar. Allí ordenó su desalojo, por lo que los periodistas reclamaron una orden firmada por el juez donde indicara dicha orden.

Ante esta demanda la secretaria y el policía a cargo de la seguridad del edificio ingresaron al juzgado y pasados unos minutos volvieron con un papel aduciendo que era la orden del juez, aunque se negaron a mostrársela a los periodistas, comunicándoles que debían bajar y esperar en el ingreso y que tenían prohibido permanecer en el primer y segundo piso.

La denuncia recibida en FOPEA resalta que si bien no los desalojaron, los periodistas quedaron rodeados de una docena de policías mientras la imputada Trimarco ingresaba por otro acceso al 2do piso y por un ascensor de uso exclusivo de los funcionarios judiciales, evitándose de esa forma que la prensa tuviera contacto con ella.

Los colegas tucumanos coinciden en señalarnos que no es esta la primera vez que desde ese Juzgado federal se adoptada una medida de esta naturaleza. Según el relato de los periodistas, el 27 de febrero pasado se vivió el mismo destrato cuando tenía que declarar la esposa del gobernador Juan Manzur, Sandra Mariela Mattar Sabio.

Acción de FOPEA: registró el caso y envió una Carta Institucional

Provincia/Distrito: Tucumán

12. FOPEA se suma al repudio por las agresiones a un equipo televisivo de Canal 3 de Rosario

27 marzo de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se suma al repudio por las agresiones a un equipo televisivo de Canal 3 de Rosario, y se solidariza con los periodistas que realizaron la cobertura del crimen de un hombre de 40 años en Barrio Ludueña.

En dicha cobertura, el equipo de prensa recibió amenazas de una mujer: “¿Querés que te robe la cámara o te pegue un balazo?”, “Esa cámara vale más que tu vida”, fueron algunas de las amenazas que recibió el equipo de prensa.

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se contactó con los responsables del área de prensa del Canal manifestando su solidaridad, teniendo en cuenta que se preserva la identidad de los amenazados.

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Provincia/Distrito: Rosario

13. FOPEA repudia los comentarios de José Alperovich contra los periodistas Carolina Servetto e Indalencio Sánchez

24 de abril de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA repudia los comentarios del ex gobernador y actual senador tucumano José Alperovich contra los periodistas de La Gaceta, Carolina Servetto e Indalencio Sánchez en un programa de TV de dicho diario.

Los comentarios fuera de lugar del senador Alperovich para con la periodista, se trataron de comentarios cargados de sexismo y fueron recibidos por su interlocutora como una “falta de respeto”.

FOPEA reclama que Alperovich pida disculpas por los dichos sexistas sobre Servetto y el tono amenazante –desde lo laboral- contra Sánchez.

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Provincia/Distrito: Tucumán

14. FOPEA expresa su preocupación por el fallo de la jueza en lo Correccional y Criminal de Bahía Blanca, Susana González La Riva

24 de abril de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA expresa su preocupación por el fallo de la jueza en lo Correccional y Criminal de Bahía Blanca, Susana González La Riva, quien absolvió a un hombre que amenazaba telefónicamente al periodista Germán Sasso que había denunciado casos de narcotráfico en esa ciudad.

FOPEA espera que esta resolución que de alguna manera puede generar una protección indebida a quien amenaza la libertad de expresión, sea revocada en instancias superiores y el confeso culpable de las amenazas reciba la sanción que corresponda.

González La Riva sostuvo que no constituyen delito frases tales como “la calle está jodida y todos tenemos familia”, “la cortan con el tema o se las van a ver negra” o “tienen que tener cuidado a quien denuncian”.

Las manifestaciones, vertidas de manera anónima y reiterada, fueron realizadas por Pablo Javier Herold desde un teléfono con un chip adquirido especialmente para realizar las llamadas, es decir que utilizó un número distinto al suyo para llevar a cabo la maniobra. En su declaración durante el juicio, Herold dijo que todo había sido una “broma de mal gusto”.

Para González La Riva los dichos del procesado “no reúnen los requisitos del anuncio de un mal serio e idóneo” y agrega, como elemento desincriminador, que el propio Herold dice en su comunicación que “no es una amenaza, sino una advertencia”. Además, según interpreta su señoría, en la voz del acusado “no se advierte un tono intimidante”.

Por último, señala que “con fundamento en las pruebas producidas, no se acreditaron los extremos típicos del delito por el que se formulara acusación. Por lo que no se acreditó la existencia material del hecho en términos típicos”.

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Provincia/Distrito: Bahía Blanca

15. FOPEA rechaza el hostigamiento y los insultos sufridos por la periodista de TN María Eugenia Duffard

9 de mayo de 2019

FOPEA rechaza el hostigamiento y los insultos sufridos hoy por la periodista de Todo Noticias María Eugenia Duffard en la Feria del Libro y reclama a sus organizadores y a las autoridades que garanticen el libre ejercicio del periodismo

El hecho ocurrió en la cobertura de la presentación del libro Sinceramente cuando un grupo de manifestantes insultó e intentó impedir con cánticos la cobertura informativa realizada por María Eugenia Duffard para Todo Noticias.

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Provincia/Distrito: CABA

16. FOPEA repudia la amenaza de bomba que se recibió en Telefe

14 mayo de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA repudia la amenaza de bomba que se recibió en Telefe en el día de hoy y que obligó a desalojar gran parte del personal del canal en sus estudios de Martínez, pero que no impidió que se emita su programación ya que se trató de una falsa alarma.

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Provincia/Distrito: Buenos Aires

17. Periodistas de Canal 10 de Tucumán fueron agredidas por un plateísta de Atlético

25 de mayo de 2019

Las periodistas de Canal 10, Verónica Gómez y Samantha Plaza Monroy, fueron agredidas por un supuesto hincha, cuando se encontraban en pleno desempeño de su trabajo.

El inconveniente comenzó en el entretiempo, cuando Gómez realizaba ante las cámaras un copete para el informe del Canal. En ese momento el plateísta pasó, empujó al camarógrafo y a la periodista, y tuvo lugar el primer entredicho. El hincha agrede primero a Juan Federico Argañaraz (el camarógrafo) y cuando intenta pegarle a Samantha, Verónica se mete y recibe la agresión.

Luego de un intercambio con insultos incluidos, se llevaron al hincha del lugar. Sin embargo, el agresor regresó al lugar una vez finalizado el encuentro. Entonces, otra vez se planteó una situación violenta con los trabajadores del Canal que obligó a retirarlo de la tribuna.

La imagen del agresor fue registrada por la cámara. Cuando conozcan la identidad del plateísta realizarán la denuncia correspondiente.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: Tucumán

18. Impidieron trabajar libremente a El Chorrillero en San Luis

4 de julio de 2019

El director de la Agencia de Noticias San Luis, Miguel Fernández, impidió trabajar libremente a El Chorrillero. Obstaculizó al cronista, e intentó correr el brazo con el que sostenía el micrófono.

Ocurrió al finalizar el acto de inauguración de la Escuela Generativa “Luis B. Luisquiños” cuando el cronista fue a consultarle al gobernador Alberto Rodríguez Saá sobre la sentencia de La Cámara Nacional de Casación Penal, que ratificó las penas contra el actual ministro de Producción Sergio Freixes y el ex vice ministro de Legalidad Mario Zavala, por hacer amenazas a una jueza en la causa por hacer firmar renuncias en forma anticipada a jueces.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: San Luis

19. La Justicia Federal sobreseyó a la periodista Mariana Olguín

29 de julio de 2019

La Justicia Federal sobreseyó a la periodista Mariana Olguín en la causa por amenazas iniciada en 2017 por la directora de Radio Nacional Mendoza, Gabriela Figueroa. FOPEA celebra este resultado.

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Provincia/Distrito: Mendoza

20. FOPEA repudia el ataque a un grupo de periodistas que estaba cubriendo la detención de un hombre en el barrio La Granada de Rosario, Santa Fe

7 de agosto de 2019

Los periodistas estaban cubriendo la detención del hijo de uno de los integrantes del clan Cantero, quien era requerido por la policía por portación de armas de fuego y que fue resistida por los familiares y vecinos.

Durante el episodio, una mujer les gritó a los periodistas que no tenían “nada que hacer” en el lugar. Luego, un grupo de jóvenes rodearon los vehículos de Cadena 3 y Telefe Noticias y comenzaron a patearlos. También arrojaron piedras contra los móviles.

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Provincia/Distrito: Santa Fe

21. FOPEA repudia las repetidas amenazas contra el director del diario Semanario de Junín

7 de agosto de 2019

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia enérgicamente la sucesión de amenazas recibidas por Javier Orellano, el director y propietario del periódico y portal Semanario de Junín, provincia de Buenos Aires.

El último episodio ocurrió el 24 de Julio cuando Orellano fue amenazado por el padre de un agente penitenciario. El intimidador, a su vez agente retirado, le dijo al periodista “estás muerto” cuando se encontraba en la vía pública, luego de que su medio informara que el hijo del hombre había sido detenido por un ilícito, una información veraz obtenida de fuentes oficiales.

Pero ese fue el tercer episodio que Orellano debió padecer en el mismo mes. El 9 de julio, durante un acto oficial, el funcionario del área de Prensa del municipio Ariel Baien lo increpó y zamarreó cuestionando un artículo en el que Orellano había informado acerca del llamativo crecimiento patrimonial del Intendente Pablo Petrecca, y tres días después, un desconocido que transitaba en un automóvil le gritó “Vamos a matarte” cuando estaba por ingresar a su domicilio. Estos dos últimos casos no tienen relación alguna con el que protagonizó el ex agente penitenciario, según explicó Orellano a FOPEA.

Semanario es un medio independiente destacado por sus investigaciones y al que Orellano reconoce “crítico de todos los gobiernos que pasaron por Junín”, resaltando que en sus páginas prima la total libertad de expresión, estando abiertas a todas las opiniones.

FOPEA repudia las amenazas sufridas por Orellano, se solidariza con él y exige a los agresores que depongan de su actitud amenazante. A la vez que reclama a las autoridades pertinentes que garanticen la seguridad del periodista y su familia y faciliten el desarrollo normal de su desempeño profesional.

Link a Comunicado:

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Acción de FOPEA: registró el caso, emitió un comunicado público e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Buenos Aires

22. FOPEA alerta sobre la gravedad institucional del procesamiento de Daniel Santoro

8 de agosto de 2019

Ante la decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de procesar y embargar al periodista Daniel Santoro en el contexto del difundido caso de D’Alessio, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advierte una vez más sobre la gravedad institucional de este procesamiento por ser una clara criminalización de la labor periodística.

Los periodistas, como todos los demás ciudadanos, estamos alcanzados por el principio de igualdad ante la ley y podemos ser investigados y enjuiciados cuando seamos parte de acciones ilícitas. Sin embargo, el uso del derecho penal para amedrentar a periodistas, limitar el ejercicio de su libertad de expresión y de su actividad profesional es una práctica frecuente en distintas partes del mundo y también en nuestro país.

La actividad de un periodista de investigación implica que conoce hechos que pueden ser ilícitos. Y su deber es publicarlos. Los periodistas pueden tener conductas extorsivas cuando callan lo que conocen a cambio de un beneficio pero no cuando publican como noticia un hecho de interés social que ha sido verificado y en el que todos los involucrados fueron consultados. En ese sentido, además, toda medida de prueba judicial debe ser proporcionada para resguardar el secreto de las fuentes.

Como ya dijéramos en su oportunidad, en el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente, o el intercambio de mensajes con una fuente informativa, no son indicios de ninguna comisión de delito. Las entrevistas y el contacto con fuentes de toda naturaleza forman parte de la rutina diaria y permanente en los medios de comunicación.

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Acción de FOPEA: registró el caso, emitió un comunicado público e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: CABA

23. FOPEA rechaza las declaraciones de Elisa Carrió

20 de agosto de 2019

FOPEA rechaza las declaraciones de Elisa Carrió quien alertó que desde el oficialismo iban a “condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas” y lo relacionó con un intento de “hacer tambalear al Presidente” Mauricio Macri.

FOPEA está comprometida con la lucha contra la difusión de noticias falsas, pero la advertencia de Carrió puede interpretarse como un intento de censura. Además constituye una atribución de la Justicia condenar algún tipo de delito, si eso fuese así.

FOPEA le reclama a Carrió –como al resto de la dirigencia política- la mayor responsabilidad a la hora de comunicar sus posiciones, más en momentos tan delicados como los que vive el país.

Compartimos la carta enviada por la diputada nacional Elisa Carrió en respuesta a nuestro comunicado.

TW: https://twitter.com/FOPEA/status/1165039943686770688

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Provincia/Distrito: CABA

24. FOPEA se solidariza con los colegas de C5N

25 de agosto de 2019

El Foro de Periodismo Argentino se solidariza con los colegas de C5N que no pudieron cumplir con su trabajo en la marcha de ayer en apoyo al Gobierno Nacional.

FOPEA lamenta que a los equipos encabezados por los cronistas Rafael García Palavecino y Lautaro Maislin, un grupo de manifestantes los insultó y les impidió continuar con su labor en las cercanías de la Casa de Gobierno.

Como en anteriores hechos similares, FOPEA destaca el valor de la tarea de quienes realizan coberturas en vivo desde la vía pública y reclama respeto para su función.

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Provincia/Distrito: CABA

25. FOPEA repudia la agresión a un camarógrafo de El Doce

27 de agosto de 2019

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia la agresión física y las intimidaciones que recibió el camarógrafo Mariano Simes, en el momento en que se encontraba cubriendo la detención de uno de los líderes del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).

En comunicación con el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, Simes relató que se encontraba en un camino lateral al barrio cerrado donde vive Pascual Catrambone, uno de los dirigentes más importantes del Surrbac. Al lado de su auto identificado con los logos de El Doce, se disponía a hacer volar su dron cuando de repente aparecieron otros dos vehículos, de los cuales descendieron seis personas con sus rostros tapados.

Se dirigieron hacia él con insultos, diciéndole que se fuera. Simes arrojó el dron dentro de su auto, cuando uno de los sujetos lo tomó de atrás y otro le propinó un fuerte golpe en la cabeza.

El camarógrafo comentó que pudo soltarse y subir al auto, para huir a toda prisa del lugar.

FOPEA se solidariza con Simes y exige a las autoridades provinciales que tomen las medidas del caso para identificar a los agresores y para garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa.

Link a Comunicado: https://www.fopea.org/fopea-repudia-la-agresion-a-un-camarografo-de-el-doce/

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Provincia/Distrito: Córdoba

26. FOPEA se solidariza con Adrian Flores periodista de El Patagónico

4 de septiembre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se solidariza con Adrian Flores periodista de El Patagónico que fue agredido por un grupo de encapuchados vinculados al gremio petrolero mientras cubría el ataque a un grupo de docentes en el corte de ruta en Comodoro Rivadavia, Chubut.

FOPEA rechaza el clima violento que padecieron todos los trabajadores de prensa que cubrían el conflicto y reclama a las autoridades de Chubut garantías para el libre trabajo periodístico.

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Provincia/Distrito: Chubut

27. FOPEA se solidariza con el camarógrafo de Telefé Córdoba Lucas Suárez y el reportero gráfico Daniel Cáceres, heridos en una protesta en la ciudad de Córdoba.

6 de septiembre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se solidariza con el camarógrafo de Telefé Córdoba Lucas Suárez y el reportero gráfico Daniel Cáceres, heridos en una protesta en la ciudad de Córdoba.

Suárez fue herido en la cabeza por una pedrada lanzada por parte de manifestantes del sindicato Luz y Fuerza, en un ataque dirigido a los trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo la protesta.

Cáceres recibió dos impactos de balas de goma por parte de la Policía, en el marco de la represión que se produjo en la manifestación.

FOPEA reclama a las autoridades de Luz y Fuerza y a la Policía que respeten el trabajo periodístico. También solicita al Gobierno de Córdoba que implemente las medidas necesarias para garantizar la labor y seguridad de los periodistas.

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Provincia/Distrito: Córdoba

28. FOPEA se solidariza con el reportero gráfico Daniel Cáceres, que fue agredido por taxistas cuando cubría la protesta contra la aplicación Uber en Córdoba

9 de septiembre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se solidariza con el reportero gráfico Daniel Cáceres, que fue agredido por taxistas cuando cubría la protesta contra la aplicación Uber en la ciudad de #Córdoba.

Cáceres se encontraba registrando lo que sucedía en un piquete en frente de la Terminal de Ómnibus, y un grupo de taxistas quisieron sacarle su celular con el objeto de eliminar las imágenes obtenidas.

FOPEA reitera nuevamente a las autoridades del Gobierno de Córdoba que dispongan de los medios necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores de prensa mientras ejercen su función.

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Provincia/Distrito: Córdoba

29. El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy intimidó a periodistas

16 de septiembre de 2019

Luego de difundir una investigación que involucra a funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, a través del fiscal Marcelo Cuellar, solicitó “bajo apercibimiento” información del equipo de periodistas que integran el programa “Jujuy Investiga”, después que se dieran a conocer hechos que involucran al fiscal general del Superior Tribunal de Justicia y tres miembros del Tribunal de Cuentas.

El Ministerio Público de la Acusación –cuyo titular es el fiscal Sergio Lello Sánchez- pidió una lista completa con el nombre del personal que realiza el programa, detalles de la producción y edición y la nómina completa de los conductores del programa.

El ciclo televisivo solo compartió información y denuncias que están en la Justicia. Se trata de información oficial.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: Jujuy

30. FOPEA expresa su preocupación por la reapertura de una causa contra los periodistas Gerardo Young y Rodis Recalt

7 de octubre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA expresa su preocupación por la reapertura de una causa contra los periodistas Gerardo Young y Rodis Recalt a los que se acusa de dar información secreta y revelar el nombre de un agente de inteligencia.

En noviembre, el juez federal Sebastián Casanello había archivado la denuncia, presentada por la AFI, por considerar que podía vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Ahora, los jueces Bruglia, Betuzzi y Llorens, de la sala I de la Cámara Federal, ordenaron reabrirla.

Una de las funciones sociales básicas del periodismo es, precisamente, revelar información de interés público que pretende mantenerse en secreto para que la sociedad pueda tomar decisiones con todos los elementos.

FOPEA reclama a las autoridades de todos los poderes que garanticen las condiciones para el ejercicio del periodismo, sin persecuciones, hostigamientos ni entorpecimientos de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional.

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Provincia/Distrito: CABA

31. FOPEA se solidariza con los periodistas Nelson Castro y su equipo de Todo Noticias y con Ignacio Ortelli de Clarín

11 de octubre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se solidariza con los periodistas Nelson Castro y su equipo de Todo Noticias y con Ignacio Ortelli de Clarín, que fueron retenidos durante dos horas por manifestantes en Quito mientras cubrían la crisis política en Ecuador.

Según las crónicas, los periodistas fueron escoltados ayer por un manifestante hasta un hotel ubicado cerca del Congreso con la intención de obligarlos a transmitir lo que sucedía.

Los manifestantes, pertenecientes a organizaciones indígenas enfrentadas con el gobierno del presidente Lenín Moreno, también secuestraron y atacaron a periodistas locales, entre ellos Freddy Paredes de Teleamazonas, que se encuentra en estado delicado.

La libertad de circulación, el acceso a la información y la protección de la integridad física son condiciones fundamentales para el ejercicio del periodismo, y por lo tanto, indispensables para que la sociedad esté informada en cualquier lugar.

FOPEA trabaja con otras organizaciones en la región para reclamar esas condiciones mínimas a las autoridades responsables y los demás actores sociales en todos los países de Latinoamérica.

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Provincia/Distrito: Quito, Ecuador.

32. FOPEA repudia la agresión física y las amenazas que recibió el periodista Daniel Gomez Perri

12 de octubre de 2019

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia la agresión física y las amenazas que recibió el periodista Daniel Gomez Perri, conductor del magazine radial/canal de Youtube Bajo la Lupa de CNR, en San Pedro de Jujuy cuando al salir de su programa se dirigía a realizar trámites administrativos y fue abordado por un funcionario municipal, Mariano Solsona, que le propinó una feroz patada en el pecho y en cuando estaba tirado en el piso lo amenazó “no vas a hablar más de nadie”.

En comunicación con el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, Gomez Perri afirmó que lo conoce personalmente y que esperaba seguramente un reclamo del funcionario por sus opiniones radiales cuando le apareció de frente, pero no se imaginaba semejante agresión. También dijo que no pasó a mayores porque había testigos que llamaron a la policía y un agente de tránsito le recomendó irse.

El agresor, lamentablemente, en una primera instancia negó los hechos hasta que se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad donde no quedaban dudas de la agresión.

El periodista tiene una editorial radial que en muchas oportunidades incomodó a los gobiernos y a los dirigentes políticos en general. Tuvo 16 causas judiciales, a todas las ganó, sin embargo agresiones de esta naturaleza nunca.

FOPEA se solidariza con Gomez Perri y exige a las autoridades municipales y la Justicia que tomen las medidas del caso para garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa.

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Acción de FOPEA: registró el caso, emitió un comunicado público e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Jujuy

33. Chequeado sufrió ataques en su sitio durante el debate presidencial

18 de octubre de 2019

El equipo de Chequeado denunció tres situaciones irregulares sucedidas durante y luego de la cobertura que realizara este sitio del primer debate presidencial del pasado domingo 13 de octubre. La situación se expuso mediante una carta a los lectores publicada en el blog de Chequeado.com y firmada por Laura Zommer (https://chequeado.com/carta-a-la-comunidad-de-chequeado/). En la carta de Zommer se deja constancia de que se consideran estos hechos “preocupantes” y a uno de ellos especialmente como “una amenaza”.

Los hechos denunciados son:

1) “El domingo a la tarde sufrimos un ataque a nuestro sitio, que nos obligó a bloquear las visitas desde países extranjeros para lograr que ustedes, desde la Argentina, puedan acceder a nuestro contenido. Este ataque continúa y nuestro contenido sigue cerrado para usuarios desde el exterior. Recibimos en seis horas pre y durante el debate, más de 39 millones de pedidos a nuestro servidor desde países remotos. No sabemos quiénes son los autores de este hecho, pero sí sabemos que no es algo amateur por su coordinación, duración y dimensión”.

SUCESOS: A eso de las 17,30 o 18 horas del domingo 13, una hora antes de que el equipo de Chequeado se pusiera a trabajar en la cobertura del debate, a través de un sistema llamado “clausfer” empiezan a notar que se multiplican hasta extremos insólitos los “requerimientos” al sitio (no es equivalente a visitas a la página, porque en una visita puede haber varios requerimientos) desde IP (direcciones digitales) de diversos países del mundo. Esto, en cualquier situación, puede hacer caer un sitio que ve desbordada su capacidad de respuesta. ”En un día común tenemos 500 mil request, pero ese domingo estábamos teniendo millones por hora”. Terminaron el domingo con 40 millones de pedidos, que es 80 veces más de lo normal.

La maniobra puede hacerse desde cualquier computadora, desde cualquier barrio, pero entre los millones de IP que accedían al sitio de Chequeado figuraban especialmente desde EE.UU., Rusia, Tailandia e Indonesia. Había por supuesto también ingresos desde la Argentina.

Ese día se recurrió de urgencia al consultor en sistemas que tiene Chequeado y se decidió primero poner un primer filtro de validación (una página intermedia que pedía una suerte de validación, un segundo click), pero a la hora los “bots” ya había superado esa barrera. Por eso se decidió finalmente dar por “caído” el sitio para los accesos desde el exterior.

Los ataques continuaron el lunes y recién bajaron a 25 millones el martes. El miércoles decidieron dar de baja la defensa por una hora y media después volvió a suceder. Recién ahora, viernes al mediodía, han vuelto a restablecer los accesos desde el exterior, pues los ataques han cesado.

“Nosotros decidimos no hacer una denuncia formal, porque queríamos seguir trabajando y hacer nuestro trabajo el domingo, en el segundo debate. Una denuncia implicaría intervenir sobre nuestros equipos y nos dejaría sin equipamiento para el domingo, porque somos una organización chiquita. No queremos actuar antes de que pase el domingo”, dijo Pablo López a FOPEA. Están sí almacenando la información, para eventualmente utilizarla si se repiten los ataques.

2) El lunes, especialmente en Twitter, miles de usuarios criticaron su trabajo por su “literalidad” y los acusaron de parcialidad, y lograron ser Trending Topic. En particular, cuestionaron que hubiesen chequeado las frases de Alberto Fernández (Frente de Todos) sobre inversiones extranjeras durante el gobierno de Mauricio Macri (“no entró un centavo a la Argentina de esas potencias” –en relación a las del G20-) y que “los abuelos no tienen celular”, ambas calificadas como “falso”. Algo similar habían criticado los seguidores de Cambiemos cuando contrastamos en diciembre de 2016 la afirmación de Macri sobre lograr “pobreza cero” como una de las promesas del debate del balotaje.

SUCESOS: Es un segundo hecho que despertó preocupación, pero en esta caos no existe constancia de que se tratara de una ofensiva dirigida o orquestada en las redes sociales para desprestigiar los resultados del trabajo periodístico de Chequeado. Podría ser más bien un caso más de debate público en el marco de la campaña electoral. Lo que sí es cierto es que desde muchos tuiter anónimos se intentó ridiculizar el análisis del debate presidencial por parte de este medio.

3) El martes 15, por la mañana, “recibimos en una casilla de mail de un miembro de nuestro equipo un mensaje con el título de “Aviso de inicio de acciones legales” en la que un falso secretario de un Juzgado Civil y Comercial asegura que habían recibido en Tribunales decenas de denuncias anónimas contra Chequeado y señala: “He utilizado este canal informal para darle la oportunidad de rectificar su accionar sin necesidad de que los denunciantes den continuidad a sus acciones legales. La sugerencia que imagino que será más asequible (sic) sería eliminar las publicaciones que dieron origen a este conflicto. La segunda, un tanto más ardua, consistiría en una restructuración de la identidad de ‘Chequeado’, abandonando la posición de imparcialidad y aclarando sus inclinaciones al poner en tela de juicio los discursos políticos. Por supuesto que mantener la absoluta e irónicamente falsa premisa que constituye esta página no es una opción viable: los denunciantes han sabido demostrar un alto despliegue de recursos legales que no dudarán en poner a disposición si se llegara a hacer caso omiso a este llamado a la buena fe”.

SUCESOS: El mail existió y se envió desde una casilla de Gmail, pero el nombre no corresponde con alguien que trabaje en ese juzgado. “Puede ser alguien en joda. Personas con ese nombre existen pero no en ese juzgado. No hay correlación”, explicó López. Tampoco es cierto que las denuncias recibidas existan. De todos modos,Zommer escribió: “Entendemos este mensaje como una amenaza”. “Estos tres hechos nos inquietan de cara al chequeo del próximo domingo y por eso decidimos contarlo”, cierra su escrito.

La decisión de Chequeado es no denunciar estos hechos por ahora. Solo advertirles a sus lectores.

Acción de FOPEA: registró el caso, se pidió explícitamente que no se hiciera público.

Provincia/Distrito: CABA

34 y 35. FOPEA repudia las violentas agresiones sufridas por equipos periodísticos frente al consulado de Chile en Buenos Aires

21 de octubre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA repudia las violentas agresiones sufridas por equipos periodísticos de distintos medios por parte de agrupaciones de izquierda y supuestos infiltrados que marcharon al consulado de Chile en Buenos Aires.

FOPEA se solidariza con el equipo de Crónica TV –integrado Ernesto Medina, Penélope Canónico y Adrián Alessandrelli- y de La Nación Más –conformado por Fabio Soria y Jerónimo Mura-. Tanto Medina como Soria recibieron heridas cortantes en sus cabezas y a este último además le robaron la cámara.

FOPEA exige a las autoridades que garanticen la seguridad de los colegas que cubren las manifestaciones y a los militantes políticos que no actúen con violencia contra los trabajadores de prensa que solo están cumpliendo con su labor informativa.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: CABA

36. FOPEA reclama una profunda investigación judicial para esclarecer las causas del incendio que destruyó los equipos de transmisión de FM 10 y FM Agraria de Misiones

22 de octubre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA reclama una profunda investigación judicial para esclarecer las causas del incendio que destruyó los equipos de transmisión de FM 10 96.1 y FM Agraria 90.3 ambas de la localidad de San Vicente, provincia de Misiones.

FOPEA reclama además a las autoridades de la provincia de Misiones se extremen las acciones para garantizar el libre ejercicio del periodismo y la integridad física de los periodistas y sus equipos.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Misiones

37 y 38. FOPEA denuncia las agresiones que sufrieron periodistas mendocinos durante la represión en Mendoza en las marchas de apoyo a las manifestaciones en Santiago de Chile

22 de octubre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA denuncia las agresiones que sufrieron periodistas mendocinos durante la represión en Mendoza en las marchas de apoyo a las manifestaciones en Santiago de Chile a la vez que reclama a las autoridades provinciales garanticen el libre trabajo de la prensa.

Durante la cobertura de las marchas en Mendoza, la policía local arrojó gas pimienta en la cara a los periodistas Facundo García y Agustina Fandino de Canal 7 de Mendoza y Radio Nihuil, golpeó a Samanta Lucero y detuvo a Pablo Llanos, los dos del medio alternativo Primitivo subreal.

FOPEA se solidariza con los periodistas golpeados y reclama una vez más a las autoridades provinciales garantías para el trabajo libre de la prensa.

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Provincia/Distrito: Mendoza

39. FOPEA se solidariza con el periodista Roberto Navarro

23 de octubre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se solidariza con el periodista Roberto Navarro que denunció haber sido objeto de agresiones al salir de las oficinas de su medio El Destape y reclama a las autoridades garantice la seguridad personal del mismo.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: CABA

40. FOPEA repudia las agresiones verbales y las amenazas del diputado Eduardo Amadeo al periodista de C5N Lautaro Maislin

6 de noviembre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA repudia las agresiones verbales y las amenazas del diputado Eduardo Amadeo al periodista de C5N Lautaro Maislin a quien le advirtió que le iba a dar “una piña en 30 segundos”, molesto por las preguntas del cronista.

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Provincia/Distrito: CABA

41, 42 y 43. FOPEA ante las amenazas de persecución a la prensa

6 de noviembre de 2019

Rechazamos desde FOPEA todo tipo de persecución a la prensa y a los periodistas y lamentamos profundamente que la defensa de intereses que van más allá de ideologías o fanatismos políticos, lleven a figuras públicas a agitar fantasmas que los argentinos en su conjunto creíamos olvidados.

Los periodistas y los medios de comunicación se someten a revisión todos los días. En sus propios procesos internos, en los que FOPEA impulsa la aplicación de códigos de Ética; en la interacción con sus audiencias y donde las redes sociales muchas veces juegan un papel fundamental, y hasta en los controles cruzados con investigaciones sobre los mismos temas encarados por distintos periodistas y medios.

Esos procesos de revisión garantizan la calidad o sancionan la falta de rigor de periodistas y medios. Las audiencias y lectores resultan ser todos los días los jueces implacables del trabajo de una prensa que debe informar de manera contextualizada sobre lo que es de interés público, sin importar ningún tipo de orientación política o de cualquier otra naturaleza.

Por eso, desde FOPEA entendemos que atacar la libertad de prensa es atacar un derecho aún más amplio: el de la libertad de expresión claramente especificada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho fundamental: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Creemos también que los pedidos públicos de persecución o investigación a la tarea profesional de periodistas, que no hicieron más que cumplir con su trabajo de investigar, recibir informaciones y difundirlas previo chequeo, no contribuyen en nada a garantizar la libertad de expresión en la Argentina al punto de ponerla seriamente en riesgo.

Es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestras instituciones republicanas que la prensa pueda ejercer su trabajo con libertad. Una libertad que no debe ser amenazada por censuras directas, a través de leyes, persecuciones, señalamientos ni violencia contra medios y periodistas. Es deber de todos garantizar y profundizar la libertad de prensa en la Argentina.

Desde FOPEA alertamos una vez más sobre los riesgos que corre el libre trabajo de la prensa en la Argentina, pedimos prudencia y respeto a los protagonistas diarios de nuestra historia contemporánea y garantías a las autoridades de todos los poderes y niveles para que la plena libertad de expresión en nuestro país sea una realidad indiscutible.

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Acción de FOPEA: registró el caso, emitió un comunicado público e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: CABA

44. FOPEA reclama que se garantice el libre ejercicio del periodismo y la integridad física de los periodistas y sus equipos en Bolivia

14 de noviembre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA reclama que se garantice el libre ejercicio del periodismo y la integridad física de los periodistas y sus equipos en Ciudad de La Paz, Bolivia.

Periodistas de Todo Noticias, Crónica TV, Telefe Noticias, América TV y El nueve fueron amenazados por manifestantes en las calles.

FOPEA solicita a las autoridades de Argentina gestionen ante los encargados del gobierno boliviano las plenas garantías para los periodistas argentinos en ese país.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Bolivia

45. Un funcionario municipal de la localidad de Huerta Grande, Córdoba, agredió al periodista Matías Gramajo de Radio Panamericana.

19 de noviembre de 2019

El hecho ocurrió en la puerta de la Municipalidad de Huerta Grande en medio de la sesión en la que se debatía el presupuesto 2020, tal y como se observa en un video Ricardo Silva, funcionario municipal en el cargo de Secretario de Deportes intentó impedir que se realizara una filmación en la sesión, incluso se observa cómo el trabajador de prensa se identifica como tal para que no le priven el libre ejercicio de su tarea y, a pesar de esto, es atacado con un manotazo que provoca la caída del teléfono con el que estaba registrando los hechos. Esta situación derivó en el daño del teléfono con el que Gramajo estaba trabajando en el lugar.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: Córdoba

46. La Cruz Corrientes: Funcionario municipal golpeó a periodista radial

21 de noviembre de 2019

Ariel Silva es conductor del programa Diario de la Éxito que se emite por la 105.1 de FM Éxito en La Cruz fue atacado por el funcionario municipal Fredy Coutinho del área de Desarrollo Social, en plena calle y a la luz del día.

Silva asume una línea editorial crítica hacia el gobierno del intendente Luis Calomarde que mantiene en su programa, que le valió al conductor radial –según denuncia- que “la patota del intendente hostigara durante meses” y culminó “con una salvaje golpiza”.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: Corrientes

47. FOPEA rechaza de manera categórica la publicación de la revista Espoiler de la facultad de Ciencias Sociales UBA

29 de noviembre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA rechaza de manera categórica la publicación de la revista Espoiler de la facultad de Ciencias Sociales UBA que pide una “salida a lo Nisman” a algunos reconocidos periodistas argentinos.

La publicación, se sugiere el suicidio para algunos periodistas y se hacen además alusiones al nazismo, para FOPEA representa una velada amenaza y un claro ataque a la libertad de expresión en la Argentina.

FOPEA considera más grave aún el caso por tratarse de la publicación de la Universidad que entre otros casos forma periodistas
y/o comunicadores.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: CABA

48. FOPEA advierte sobre los ataques y amenazas a periodistas de distintos medios

3 de diciembre de 2019

FOPEA quiere advertir una vez más sobre los ataques y amenazas que en los últimos meses vienen sufriendo periodistas de distintos medios de parte de dirigentes y militantes políticos, de empresarios que lanzan falsas denuncias y acusaciones desde los tribunales donde son juzgados por supuestos delitos de corrupción, y hasta de personas que ocupan importantes espacios en los medios de comunicación.

En las últimas horas hemos observado con sorpresa como el futuro presidente Alberto Fernández, mediante su perfil en una red social, calificó al periodista Hugo Alconada Mon de “operador mediático” y aseguró que estos “se van a acabar” cuando el asuma como presidente. Una afirmación cuanto menos desafortunada por parte de una figura de su investidura y que debe velar, entre otras cosas, por el cumplimiento de la libertad de prensa en la Argentina.

Reiteramos una vez más desde FOPEA la necesidad de respetar en un sentido amplio la libertad de expresión en la Argentina y garantizar el libre trabajo de la prensa que tiene el deber y la obligación de informar sin que ello sea tomado como una mal llamada operación de inteligencia o una persecución a alguien.

El caso de Hugo Alconada, y la permanente situación de amenaza y hostigamiento público en el que desempeñan sus tareas periodistas como Daniel Santoro, Luis Gasulla o Claudio Savoia son ejemplos claros de la falta de respeto a la libertad de prensa y expresión que se vive en estos instantes en la Argentina.

La sociedad en su conjunto tiene el derecho a estar informada, tiene el derecho a acceder a información de calidad sustentada en pruebas obtenidas mediante investigaciones periodísticas basadas no sólo en marcos éticos, sino además en estándares internacionales de búsqueda de datos que sean de interés público.

Lo dijimos semanas atrás y lo reiteramos hoy: atacar y amenazar a la prensa y a los periodistas es atacar la libertad de expresión claramente especificada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho fundamental: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Estuvimos, estamos y estaremos siempre en contra de los pedidos públicos de persecución o investigación a la tarea profesional de periodistas sean estos de las corrientes ideológicas que sean. En definitiva no hacen más que cumplir con su trabajo. Violentar ese derecho a trabajar en libertad es poner en riesgo valores fundamentales de un sistema republicano de gobierno.

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Acción de FOPEA: registró el caso, emitió un comunicado público e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: CABA

49. FOPEA se solidariza con el equipo de C5N que sufrió insultos y agresiones esta tarde en Plaza de Mayo

7 de diciembre de 2019

Ante las agresiones verbales y físicas sufridas por periodistas de C5N en la tarde de hoy en Plaza de Mayo, desde el Foro de Periodismo Argentino nos solidarizamos y pedimos a la sociedad en su conjunto respeto y tolerancia al trabajo de la prensa en la Argentina.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: CABA

50. FOPEA se solidariza con el periodista de Infobae Juan Manuel Mannarino

9 de diciembre de 2019

FOPEA se solidariza con el periodista de Infobae Juan Manuel Mannarino que fue amenazado de muerte tras la publicación de una nota sobre el represor Eduardo Kalinec condenado a perpetua. Las amenazas partieron desde una unidad del Servicio Penitenciario.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: CABA

51. Impiden la cobertura de un juicio en Gualeguaychú

12 de diciembre de 2019

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Entre Ríos, no permitió el acceso a la prensa a la segunda jornada del juicio oral y público por el homicidio de Lucas Bentancourt, en razón de que algunos medios, no todos, publicaron textuales de las declaraciones de testigos que fueron citados al juicio pese a que el tribunal pidiera a los medios no dar ese tipo de detalles en razón de que aún restaban declarar muchos testigos.

Desde el Monitoreo de Libertad de Expresión se habló con Nahuel Maciel de el diario El Argentino y luego con Martín Fabre jefe de prensa de la Justicia entrerriana que dio a conocer un comunicado. Se logró que a la audiencia siguiente se permitiera el acceso para tomar fotos pero no para escuchar el debate.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: Entre Ríos

52. Se viralizó parte de la declaración de Hugo Alconada Mon ante la Justicia

19 de diciembre de 2019

Se viralizó parte de la declaración del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, que fue llamado como testigo en el juicio que se sigue a Cristobal López y Fabián De Souza por la evasión impositiva de Oil Combustibles. El video fue recortado para tratar de hacer aparecer que la investigación del periodista al que se acusó de “operador” fue un “papelón”.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: CABA

53. Un grupo de periodistas entrerrianos alineados con el ex gobernador Sergio Uribarri, desataron una campaña que pretende involucrar al periodista Daniel Enz con un caso de abuso

19 de diciembre de 2019

El periodista Daniel Enz es atacado desde distintos programas de radios y medios web de la provincia de Entre Ríos intentando vincularlo a un caso de abusos en el que nada tiene que ver como un intento de desprestigiar su figura. Se señala como autores del ataque mediático a periodistas que operan desde distintos medios para el ex gobernador Sergio Uribarri y para el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: Entre Ríos

54. Desde la cuenta oficial de Twitter del Senado de la Nación se cuestiona al diario Clarín

20 de diciembre de 2019

Desde la oficina de prensa del Senado de la Nación se emite un tuit tildando de “mala fe” al diario Clarín por publicar los gastos que demandará el viaje de los custodias de su presidente a El Calafate y a Cuba para pasar las fiestas de navidad y fin de año.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: CABA

55. Familiares y seguidores del ex sacerdote Néstor Monzón agredieron a periodistas

20 de diciembre de 2019

Familiares del ex cura Néstor Monzón, condenados por casos de abusos, agredieron a la salida de tribunales a los periodistas Gustavo Raffin y Leonardo Rolón, provocándole a este último cortes en el cuero cabelludo. La justicia ordenó la captura de una mujer señalada como principal agresora que fue imputada en la causa.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: Santa Fé

56. Desde la cuenta oficial del Senado se cuestiona un informe periodístico del Diario La Nación

23 de diciembre de 2019

Desde la oficina de prensa del Senado de la Nación se acusa al diario La Nación de “engañar” a sus lectores por una publicación titulada “Cristina Kirchner pidió a la OA y la UFI no intervengan más en el juicio por presunto fraude a la obra pública”.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: CABA

57. A movileros de Canal 9 de Mendoza no les permitieron realizar una cobertura

23 de diciembre de 2019

A un equipo de Canal 9 De Mendoza (periodista y camarógrafo) en la marcha contra las mineras, les gritaron “que se vayan” porque estaban en el medio del grupo más duro de la protesta frente a Casa de Gobierno de Mendoza y querían que se subieran a un taxi para irse del lugar, sin poder cubrir por la posición prominera del canal.

Acción de FOPEA: registró el caso.

Provincia/Distrito: Mendoza

58. FOPEA observa con preocupación los incidentes en Lago Mascardi

28 de diciembre de 2019

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA observa con preocupación los incidentes en Lago Mascardi, Río Negro, donde el periodista Daniel Marzal, del Diario Río Negro fue impedido de continuar con su tarea periodística por militantes mapuches.

FOPEA recuerda que el ejercicio del periodismo en libertad es parte fundamental de la vida en democracia y reclama a las autoridades garantías para su libre ejercicio.

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Acción de FOPEA: registró el caso e hizo mención en las redes sociales.

Provincia/Distrito: Río Negro

ANEXO 2 – Pronunciamientos de FOPEA relativos a libertad de expresión y conflictos en medios

1. FOPEA advierte sobre una amenaza al periodismo en el caso de Daniel Santoro y expresa preocupación por violación del secreto profesional

23 de junio de 2019

Ante la decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de citar esta semana a declaración indagatoria al periodista Daniel Santoro en el marco del difundido caso de Marcelo D’Alessio, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, quiere advertir sobre la gravedad institucional de la citación, por cuanto ella importa una criminalización de la labor periodística.

A FOPEA le preocupa, entre otras cosas, que durante su investigación e indagatoria, el juez intente obligar a Santoro a revelar información sobre sus comunicaciones confidenciales con fuentes de información y la identidad de esas personas.

Santoro confirmó a FOPEA que el juez ya ordenó a la empresa Telefónica que entregue a la Justicia una lista de las llamadas entrantes y salientes de su teléfono.

Esto representaría un quiebre significativo en el respeto por el secreto profesional, que no solamente es consagrado dentro de la Constitución Nacional sino también en los tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales Argentina adhiere. Se trata de un derecho fundamental para asegurar un libre flujo de información entre los periodistas y sus diversas fuentes.

Frente a la posibilidad de que el juez ordene la detención y embargo de bienes de Santoro, FOPEA reclama que se respete y defienda el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo en libertad, sin secuestro de sus elementos profesionales, limitaciones ambulatorias o de relacionamiento con sus fuentes, ni persecución u hostigamiento de ningún tipo.

FOPEA alerta que si se diera la detención de Santoro eso constituiría un hecho sin precedente en la democracia Argentina, ya que desde 1983 no han habido casos donde a los periodistas se los encarcele por el ejercicio de su profesión en el relacionamiento con sus fuentes.

Como ya dijéramos en su oportunidad desde esta organización, en el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente, o el intercambio de mensajes con una fuente informativa, no son “indicios de un nivel de coordinación” entre el periodista y el entrevistado para cometer un ilícito, como erróneamente sugiere la resolución de Ramos Padilla, quien dice reconocer y respetar la tarea periodística, pero a la vez la criminaliza con sus sucesivas resoluciones en relación con Santoro.

Las entrevistas y el contacto con fuentes de toda naturaleza forman parte de la rutina diaria y permanente en los medios de comunicación.

Atacar estas prácticas es alimentar la campaña de hostigamiento y persecución contra el periodismo profesional que se viene dando desde hace muchos años en nuestro país, impulsada desde sectores políticos que no comprenden la importancia y la necesidad de la sociedad de contar con periodistas comprometidos con la investigación de los hechos, profesionales y veraces en el tratamiento de la información.

Santoro, así como otros colegas de distintos medios en su labor cotidiana de prensa, lo único que hizo fue cumplir con esas premisas, lo cual no puede bajo ningún punto de vista ser criminalizado.

2. FOPEA destaca elevación a juicio por amenazas en Facebook contra periodista

12 de septiembre de 2019

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) destaca el accionar del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, que solicitó la elevación a juicio de una causa por amenazas proferidas en redes sociales contra un periodista.

Se trata de un caso ocurrido en mayo del año pasado y que requirió la intervención del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA.

El periodista Federico Tolchinsky, de El Doce, fue víctima de amenazas en la red social Facebook debido a sus informes sobre el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), cuyos principales líderes se encuentran en la actualidad con prisión preventiva.

En un sitio de Facebook llamado Trabajadores Unidos de Argentina, y en el que se publican noticias sobre el Surrbac, se posteó un texto en el que difamaban al periodista. Allí se registraron comentarios ofensivos y antisemitas contra el periodista. También amenazas.

Luego de la denuncia policial por parte de Tolchinsky, la Policía y la Fiscalía actuante pudieron identificar a Ckari Cani Mansilla, quien escribió: “Tolchinsky no vas a poder caminar por la calle al igual que tus compañeros gorilas mercenarios”.Se trata de un boxeador y empleado del ESOP, el ente municipal que presta servicios de higiene urbana en la ciudad de Córdoba.

En el pedido de elevación a juicio, Mansilla está acusado como “autor penalmente responsable del delito de amenazas”.

En su momento, FOPEA había reclamado a las autoridades que se investigara e identificara a los autores de estas amenazas. Por ese motivo, se destaca la tarea que desarrollaron la Policía Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

FOPEA también remarca que se trata de una situación que sienta un precedente importante, ya que cada vez son más los casos de intimidación y amenazas que se producen por redes sociales, según los registros del Monitoreo de Libertad de Expresión.